Presons a l’Argentina

Horror en las cárceles argentinas

El sangriento motín en una cárcel de Córdoba, en febrero pasado, es apenas la última manifestación de un sistema atroz. Es paradójico que en pleno auge del discurso securitario se omita considerar la trascendencia de la cuestión carcelaria para la paz social y el orden público. La República Argentina incurre en este ámbito en graves violaciones al derecho internacional y a su propia Constitución Nacional.

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–> La demagogia punitiva que exalta la función del castigo como única vía de reducción del delito pretende una reacción rápida y contundente para quien infringe la norma penal. Su neutralización y restricción ambulatoria a través del encierro. Pero suele guardar silencio respecto de los principios que deben orientar la aplicación de la pena. Y mucho más aun acerca de la efímera capacidad resocializadora de la realidad penitenciaria argentina.

Esa condescendencia para con las inhumanas condiciones de detención descalifica, tal vez como ningún otro argumento o circunstancia, la exaltación del castigo que propugnan los partidarios de la inflación punitiva. Más propensos a la realidad de las mazmorras y al oscurantismo medioeval, éstos aspiran a reducir el derecho penal a la calidad de fetiche por medio del cual doblegar a los “cuerpos indóciles” que ponen en crisis los modelos vigentes de orden social.

Al hacinamiento y deterioro que caracterizan a las cárceles argentinas ha contribuido una circunstancia que aqueja desde hace décadas a los sistemas penales contemporáneos: la pretensión de dar solución, mediante su manipulación, a conflictos que carecen de naturaleza punible y que deberían ser en cambio encarados en el campo de intervención del derecho administrativo o del derecho civil.

Así, resulta que la experiencia carcelaria se inscribe dentro de una lógica que, de hecho, reduce a cero los derechos de las personas confinadas. Los principios constitucionales que establecen las finalidades resocializadoras de la pena, y las condiciones de higiene y salubridad que deben regir durante su aplicación, verdaderos logros del iluminismo penal, han sido paulatinamente borradas de la superficie política e institucional.

Esto es consecuencia, entre otros motivos, de un interés centrado más en la letra de las leyes penitenciarias que en la observación minuciosa de la cultura autoritaria y la ideología que sustenta la vida en el interior de esa institución de secuestro que es la cárcel. Esto no sólo legitima las actuales formas de intervención ejecutivo-penal, sino que, simultáneamente, las torna impermeables al desarrollo de una cultura democrática y al respeto a los derechos fundamentales ¹.

El profundo deterioro de las instituciones penitenciarias en toda la geografía nacional viene acompañado, salvo honrosas excepciones, de la indiferencia de la clase política. Tan sólo en ocasión de los motines y tragedias que se suceden a menudo, como ocurrió en febrero pasado en una cárcel cordobesa, los representantes de la ciudadanía y algunos jueces se acuerdan de su existencia y del carácter residual otorgado a los reclusos.

Cambiar el rumbo

En los últimos meses, sin embargo, se han alzado numerosas voces que llaman a cambiar el rumbo de tan sórdida deriva. Por ejemplo, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS), que en noviembre pasado señaló que la situación de las 9.800 personas detenidas en cárceles federales del país incumplen con lo dispuesto en los artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional ².

También en noviembre pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comunicó al Gobierno de la Provincia de Río Negro su profunda preocupación por las condiciones de detención de las personas alojadas en la cárcel de encausados de la ciudad de General Roca. Y le recomendó intensificar las acciones tendientes a “hacer cesar los tratos crueles, inhumanos y degradantes constatados durante la visita”, coincidentes con los denunciados por el Grupo de Trabajo y Estudio de Derechos Humanos y Personas Privadas de su Libertad (GTEDHPPL), que incluso motivara el reclamo de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

El informe del GTEDHPPL confirmó que 477 internos se hallaban en situación “muy crítica”, signada por la falta de separación entre condenados y procesados y entre menores y adultos. Que los reclusos no disponen de recursos para trabajar y estudiar y que son muchísimos los detenidos que duermen en el suelo, algunos sin siquiera un colchón. Las condiciones edilicias, según el informe, resultan pésimas: cloacas obturadas, cableado eléctrico externo en absoluta precariedad, prácticamente todas las ventanas sin vidrios y muchas de las cañerías rotas.

La situación en la cárcel de Mendoza no es mejor. Luego de la denuncia formulada por un grupo de abogados en relación a las condiciones de detención que sufren los alojados en la penitenciaría local, tomó cartas en el asunto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El máximo tribunal del continente hizo lugar a la medida cautelar solicitada a fin de garantizar la vida de los 2.000 internos de esa prisión, considerada como una de las más calamitosas en toda Latinoamérica, cuya capacidad está excedida en un 280% ³.

La medida cautelar es un mecanismo contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica, originado en un pedido de intervención urgente ante la sospecha de que los derechos fundamentales corren serios riesgos de ser vulnerados en algún sitio. En estos casos, la CIDH tiene el poder de corroborar la denuncia y luego expedirse ante el Estado denunciado. Así sucedió respecto del Estado argentino, el que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó al Estado provincial (Mendoza) la magnitud del problema planteado a la Corte: 15 internos muertos en apenas diez meses, entre otros.

Sin embargo, ante la resistencia e inacción del gobierno mendocino, una delegación de la Comisión Interamericana viajó en diciembre pasado a Argentina. Luego de entrevistarse con el presidente Kirchner, la delegación de la CIDH visitó la cárcel de Mendoza en compañía del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde. Desde 1979, en plena dictadura militar, la CIDH no realizaba una visita in loco a Argentina.

Este llamado de atención al país se apoyaba en un antecedente reciente: en Ginebra, durante la 33ª Reunión del Comité contra la Tortura de la ONU, se recomendó a Argentina que prohibiese el alojamiento de menores en comisarías. Fueron tantas y tan graves las denuncias respecto de las torturas y los abusos allí registrados, que el dictamen del Comité adquirió un tono contundente y sin ambages ⁴.

La “solución” privatizadora

La privatización de algunos segmentos del sistema penal es un dato insoslayable de la realidad. En Argentina comenzó a principios de los años ‘90 con la arrolladora aparición de las policías privadas y continúa. La era de las cárceles con fines de lucro se inició a mediados de 1980 en Estados Unidos. Kentucky fue el primer Estado que le entregó el manejo completo de una prisión a una empresa, y desde entonces son más de 140 los centros penitenciarios privados y más de 140.000 las personas alojadas en sus instalaciones. A partir de 1983 este sector ha venido experimentando un crecimiento geométrico: 4.630 plazas en 1988; 32.555 en 1993; y 132.572 en 1998 ⁵.

Actualmente son 17 las empresas que se reparten el mercado de esta poderosa industria privada. Ofrecen un amplio menú de bienes y servicios que van desde los proyectos arquitectónicos y financiamiento para la construcción, hasta el mantenimiento, la administración, el contrato de seguros, la provisión de empleados y la búsqueda y transporte de presos.

Como subraya el sociólogo Loïc Wacquant en Las cárceles de la miseria ⁶, la hiperinflación carcelaria en Estados Unidos ha propiciado el vertiginoso desarrollo del sector privado, que inclusive cuenta con una revista, la Correctional Building News, con una tirada de 12.000 ejemplares.

En Argentina el proceso se ha puesto en marcha a través de la concesión de ciertos servicios penitenciarios a empresas privadas. En el marco de las actuales restricciones presupuestarias y crisis fiscal, esta opción suscitó desde el comienzo una gran expectativa por parte de las autoridades. La primera cárcel de gestión privada y fines de lucro fue pactada en 1999 entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Justicia provincial y una empresa particular ⁷.

Se trata de una “cárcel factoría” establecida en el partido de Saavedra, cuya cabecera es la ciudad de Pigüé. El constructor y dueño del establecimiento tiene a su cargo la alimentación y salud de los internos, así como el mantenimiento del edificio. Como contraprestación cobra un canon por cada interno que aloja, con derecho a comercializar el producto de su trabajo. La vigilancia, tratamiento y rehabilitación de los reclusos se encuentran, según lo pactado, dentro de la órbita estatal.

Los defensores de las cárceles privadas aseguran que combinan beneficios tales como calidad de construcción, eficiencia y adecuada administración, así como una considerable merma del costo preso/día. Los contratos de administración carcelaria entre el gobierno y las empresas privadas suelen estipular tarifas fijadas explícitamente por debajo de lo que le ha costado a la entidad pública administrar la cárcel en años anteriores, o sobre proyecciones de lo que le costaría al administrador público en el futuro inmediato.

Pero uno de los aspectos más controvertidos es la explotación de la mano de obra de los reclusos. De hecho, empresas como Microsoft, TWA, Boeing, Konica, Jansport y Victoria’s Secret se benefician, a través de subcontratistas, de sus servicios. Situación que condujo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a señalar, en 1998, que el trabajo “forzoso” ha evolucionado en los últimos años, pasando de la esclavitud a la servidumbre por deudas; luego al trabajo por motivos políticos y ahora a la explotación del trabajo realizado por reclusos y reclusas.

Ya entonces la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas había recomendado la realización de “un estudio a fondo sobre todas las cuestiones relativas a la privatización de las cárceles, incluida la obligación de respetar e instrumentar la legislación vigente en el país de que se trate y la posible responsabilidad civil de las empresas administradoras de cárceles privadas y sus empleados”.

Restaría en lo sucesivo analizar si los mandatos constitucionales vinculados a las personas privadas de su libertad, incumplidos hasta la actualidad, pueden ser realizados en un ámbito delegado en manos privadas. Si estos nuevos gestores de políticas públicas resultan capaces de compatibilizar el lucro con el bien colectivo y, en definitiva, si esta práctica carcelaria no retrotrae el sistema a la premodernidad.

Si se analiza y toma como parámetro el desarrollo y las prácticas de la seguridad privada en Argentina, sobre todo en lo concerniente a las policías corporativas, no existen motivos para abrigar expectativas de progreso. Por el contrario, todos los vicios que carcomen a la estructura policial tradicional se reproducen en el ámbito privado, potenciados por el afán de lucro y falta de control estatal ⁸.

Abandono e inflación punitiva

Una de las principales razones que hacen al abandono en que se encuentran los reclusos es que, una vez impuesta la condena y efectivizada su privación de la libertad, el tribunal que dispuso la condena los olvida por completo. Para evitarlo, la Ley 24.660, que entró en vigencia el 16 de julio de 1996, creó una serie de jueces prioritariamente dedicados a los condenados, con el fin de velar por sus derechos y mantener un seguimiento que les permita observar su progresiva evolución. Son los llamados jueces de ejecución penitenciaria.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de esa norma apenas se pusieron en marcha unos pocos juzgados de ejecución con la obligación de enfrentar una masa de trabajo importantísima y difícilmente abordable: asegurar el respeto de los derechos humanos de los internos y resolver todo incidente o cuestión que se presente durante la ejecución de la pena. Pero también, simultáneamente, controlar que el detenido cumpla con las imposiciones establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba y verificar la reinserción social de las personas que estén con libertad condicional.

Esto determina, en la práctica, la imposibilidad de los jueces para verificar en qué estado se encuentran los internos a su cargo y cuáles son los problemas de la unidad penitenciaria donde están alojados. Esa dificultad supone también la delegación de funciones jurisdiccionales en la administración penitenciaria, que ante la falta de control por parte del juez de ejecución gobierna a los presos a su antojo. De modo tal que puede omitir brindar el tratamiento dispuesto por la ley, manejar el régimen de progresividad como le convenga y decidir arbitrariamente sobre los traslados, las visitas, el ingreso de objetos y correspondencia, así como las condiciones de alojamiento imperantes.

Otro tanto cabe decir acerca de lo que se conoce como “tratamiento”, un cuadro de intervenciones destinado a obtener una mera adhesión de conducta por la vía de un sistema de premios al acatamiento de la autoridad institucional. Esos premios, que se otorgan sobre una base legal (progresión de grado y permisos de salida), responden sin embargo a unas técnicas psicológicas de reflejos provocados que, obviamente, poseen un efecto limitado en el tiempo y se orientan a obtener un resultado inmediato, condicionado a una meta prefijada ⁹. Resulta evidente que el objetivo de resocialización previsto por la ley de ejecución penitenciaria para las penas privativas de libertad no puede alcanzarse mediante semejantes técnicas de sumisión.

Entre tanto, el número de personas privadas de su libertad no cesa de aumentar. Tan sólo en la provincia de Buenos Aires existen 25.000 presos , que aumentan a un ritmo de 300 por mes. Según datos oficiales, la tasa de encarcelamiento creció en esa provincia un 109% en los últimos ocho años, mientras que en igual período en Estados Unidos aumentó un 19% y en Chile un 73% ¹⁰.

Las cárceles argentinas deslegitiman día a día la pretensión punitiva del Estado, al incumplir con los requisitos básicos de orden constitucional que la fundamentan y le dan razón ontológica. Y ni hablar de los estándares y reglas de tratamiento de los reclusos fijados por las Naciones Unidas. Entre tantos asuntos de la “deuda interna” argentina, no son menores las urgentes modificaciones necesarias en el ámbito carcelario, marcado por una indisimulable cultura autoritaria y la violación sistemática de los derechos humanos.

1. Roberto Bergalli, “Cárcel y Derechos Humanos”, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, julio de 1993.
2. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “… las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
3. “Por primera vez en Argentina la CIDH intima a regularizar la situación de los presos en las cárceles mendocinas”, Equipo Nikzor, 10-12-04.
4. “La ONU preocupada por los menores en comisarías”, Página/12, Buenos Aires, 24-11-04.
5. Al respecto, entre otros, el informe del National Center for Policy Analysis, “Private prisons succeed”; y los datos expuestos en Private Prison Administration.
6. Publicado por Manantial, Buenos Aires, 2000.
7. “Llega la cárcel privada a Buenos Aires”, La Nación, Buenos Aires, 25-10-99.
8. Martín Lozada, Seguridad privada. Sus impactos en el Estado de Derecho, Abaco-Depalma Editor, Buenos Aires, 2000.
9. Roberto Bergalli, ¿Readaptación social por medio de la ejecución penal?, Publicaciones del Instituto de Criminología, Universidad de Madrid, Madrid, 1976.
10. Virginia Messi, “Cada mes hay 300 presos más en las cárceles bonaerenses”, Clarín, Buenos Aires, 13-12-04.

AFSCME: Els costos de les presons privades

El Historial de las Cárceles Privadas No Indica que Sean Significativamente Más Económicas

Dos son los factores primarios que orientan la mayoría de las decisiones de privatizar los establecimientos penitenciarios: la necesidad de aliviar el hacinamiento y de ahorrar el dinero de los contribuyentes.

Los proponentes de la privatización de las cárceles sostienen que las firmas con fines de lucro pueden manejar las cárceles más económicamente que el gobierno. Las compañías prometen regularmente que obtendrán ahorros de entre 15 y 20 por ciento.

En realidad, la promesa de los ahorros resulta ser una gran exageración. Numerosos son los estudios que indican que hay poca o ninguna diferencia entre los costos relacionados con los establecimientos penitenciarios públicos y los que funcionan con fines de lucro. A continuación se describen varios de estos estudios:

* En 1999 investigadores de la Universidad de Cincinnati analizaron 33 evaluaciones de rentabilidad, realizadas por 24 estudios comparativos independientes sobre las cárceles manejadas por el gobierno y sobre las privatizadas con fines de lucro.

Los resultados revelaron que las cárceles privatizadas no son más rentables que las que maneja el gobierno, y que otras características institucionales tales como el tamaño de los establecimientos, su antigüedad y el nivel de seguridad, eran los indicadores más significativos del costo diario de la prisión. 17

* En septiembre de 1999, en la Cuarta Conferencia Anual de Privatización de Establecimientos Penitenciarios, Dennis Cunningham, administrador de cárceles privatizadas del Departamento de Cárceles de Oklahoma, presentó datos comparativos de costos de las cárceles privatizadas y de las públicas en Oklahoma.

El análisis mostró que en 1999 el costo promedio de alojamiento de un preso en una prisión del gobierno en dicho estado — $41.57 por día — era menos que el costo de alojamiento de un preso en cualquiera de las cárceles de propiedad privada del estado. 18

* El Procurador General recibió un mandato del Congreso para estudiar la privatización penitenciaria, incluyendo un análisis de su rentabilidad. El estudio del año 1998 llegó a la conclusión de que los datos disponibles no mostraban grandes evidencias de ningún patrón general. Lo que es más, las conclusiones sobre los costos relativos de las cárceles públicas en comparación con las privatizadas están basadas en una muestra pequeña y anticuada. 19

* En 1998, la Legislatura del estado de Tennessee comparó el costo de encargarle el manejo de uno de sus establecimientos a una compañía, con el costo de manejar dos cárceles estatales comparables.

El estudio mostró poca diferencia en los costos totales entre las tres cárceles. Sin embargo mostró que CCA generó un 2 por ciento de ganancia pagándoles a sus empleados casi $2 millones menos en concepto de salarios anuales y beneficios, en comparación con lo que recibían los empleados estatales. 20

* La Oficina de Responsabilidad Gubernamental y de Análisis de Políticas de Programas de la Oficina Estatal del estado de Florida (OPPAGA) (Florida State Office of Program Policy Analysis and Government Accountability) realizó un estudio comparativo de los costos de los Establecimientos Penitenciarios de Bay de CCA y de la Cárcel Estatal de Lawtey, correspondiente al año fiscal 1996-97.

Dicha comparación mostró que el costo diario de Bay era de $46.08 mientras que el de Lawtey, era de $45.98. Las instalaciones manejadas por CCA le costaban 10 centavos más por día/por preso al estado de Florida. 21

* La Oficina General de Contaduría de los Estados Unidos (GAO), la agencia “guardiana” congresional, pasó un año entero examinando costos de operaciones en las cárceles manejadas por el gobierno y en las privatizadas.

El informe de GAO del año 1996 detectó “poca diferencia” y “resultados mixtos” y, finalmente, no pudo llegar a la conclusión de si la privatización significaba un ahorro. 22

A pesar de la evidencia, los proponentes de la privatización de cárceles siguen diciendo que son más económicas que las manejadas por el gobierno. Estas afirmaciones tienden a estar viciadas por varias razones.

- La primera y principal es que tienden a comparar “peras con naranjas.”

Uno de los más grandes desafíos en la comparación de costos entre las cárceles del gobierno y las privatizadas es encontrar establecimientos que sean equivalentes, donde la diferencia clave sea el hecho de si son manejadas por el gobierno o por compañías con fines de lucro. En la mayoría de los estudios, las características claves no son comparables.

En Nuevo México, por ejemplo, la única cárcel de mujeres del estado está bajo la administración de una compañía con fines de lucro. Es imposible encontrar una cárcel comparable manejada por el gobierno en dicho estado, ya que las cárceles de las mujeres se manejan en forma muy diferente de las instalaciones para hombres, y generalmente cuestan más.23

- Además, en general, los costos gubernamentales se basan en promedios que incluyen presos que requieren mediana y máxima seguridad, mientras que solamente el 2 por ciento de la población penitenciaria en las cárceles con fines de lucro lo constituyen presos que requieren máxima seguridad. 24

- Otra falla es que los costos con frecuencia se proyectan sobre un período de corto plazo, como por ejemplo un sólo año fiscal. Los costos operativos de largo plazo de una cárcel con fines de lucro pueden diferir de los de corto plazo, y los costos reales tal vez no surjan sino hasta después de varios años, a medida que cada establecimiento pasa por una serie de experiencias diferentes.

- Las compañías con fines de lucro pueden presentar un estimado de bajos costos para ganarse el contrato, y luego pedir inesperados aumentos en los pagos cuando asumen la responsabilidad de manejar el establecimiento.

Un ejemplo claro de ésto ocurrió en el condado de Monroe, en Florida. Poco después de asumir control de las operaciones de la cárcel del condado en febrero de 1990, Wackenhut y el condado de Monroe tuvieron un desacuerdo sobre los niveles de personal penitenciario.

Wackenhut accedió a aumentar el personal pero pidió al comisionado del condado que le diera $750.000 dólares adicionales para pagar los sueldos correspondientes. Una vez que el pedido fué negado, la oficina del alguacil tuvo que retomar control de la cárcel. 25

Una situación similar ocurrió en 1999 cuando Wackenhut, que manejaba dos establecimientos penitenciarios plagados de violencia en Nuevo México, solicitó del Comité Legislativo Financiero que le aumentara los viáticos para poder mejorar las instalaciones.26 En cada caso, Wackenhut no pudo suministrar el nivel de servicios que había prometido ni generar una ganancia al precio original del contrato.

- Otra falla que se da en la mayoría de las comparaciones de costos es la omisión de los costos “ocultos” inherentes a las cárceles con fines de lucro. Un costo oculto grande es el de aplacar revueltas y capturar a fugitivos.

En julio de 1999 CCA adoptó una nueva política corporativa de reembolsar “gastos razonables” incurridos por las agencias de la ley en la búsqueda de fugitivos escapados de CCA.27 (El significado del término “razonable,” por supuesto, es sujeto a interpretación.) CCA adoptó esa política una vez que las autoridades locales de Tennessee incurrieron gastos por valor de unos $80.000 dólares por siete días en la búsqueda de dos presos originarios de Montana, escapados del Centro de Detenciones de Tennessee del Oeste, manejado por CCA.

CCA también tuvo cinco fugas de su Centro Penitenciario del Sud/Centro de Tennessee durante el año 1999, mientras que en establecimientos comparables manejados por el estado no hubo ninguna. 28

Las cárceles manejadas con fines de lucro han existido en Texas desde la mitad de la década de los 80, pero se llevó más de una década para aprobar una ley exigiendo que los contribuyentes recibieran un reembolso por las equivocaciones de los empresarios.

Texas, el estado que tiene el mayor número de cárceles con fines de lucro, ha adoptado recientemente una política de requerir a los que manejan esos establecimientos que reembolsen al estado por su ayuda en contener las revueltas y en capturar a los fugitivos.

Otros estados que han experimentado fugas de penados en cárceles con fines de lucro también han empezado a exigir reembolsos por estos costos ocultos.

Por ejemplo, el estado de Ohio ahora exige que las firmas con fines de lucro reembolsen al estado por cualquier ayuda que éste suministre en la captura de fugitivos.

El alto número de fugas de las cárceles con fines de lucro ha hecho que estos reembolsos se conviertan en una necesidad.

- Otros costos que necesitan tenerse en cuenta cuando se comparan las cárceles con fines de lucro con las que maneja el gobierno, son los costos relacionados con el procedimiento de adquisiciones y costos indirectos.

Estos costos pueden incluir procedimientos legales y costos administrativos, incluyendo monitoreo de contratos, y otros costos generales o indirectos que no se eliminan con la privatización. Dichos gastos pueden ser significativos. Un estimado bien conceptuado calcula que pueden ser de entre el 10 y el 20 por ciento de los costos de los contratos.29

- La privatización puede llevar de esa manera a la inserción de una capa adicional de burocracia, además de la ya existente.

En Florida, por ejemplo, la Comisión de Privatización de Cárceles fué creada específicamente para supervisar la privatización de establecimientos penitenciarios en el estado.

A medida que otros estados comienzan a reglamentar las cárceles con fines de lucro, el costo de las contrataciones externas va a continuar subiendo.

Límites sobre los costos de las compañías

- Los contribuyentes incurren otros gastos ocultos por medio de los incentivos contractuales que se les da a las firmas. Estos incentivos incluyen garantías de un número mínimo de presos y límites sobre los costos de atención médica.

El contrato típico entre una compañía con fines de lucro y un gobierno le garantiza a la compañía un número mínimo de presos. Estas garantías pueden tener implicaciones costosas.

Por ejemplo, el contrato de Wackenhut con Nuevo México requería que el estado pagara el 90 por ciento de la capacidad de alojamiento, sin tener en cuenta las cifras reales del establecimiento. Después de una racha de violencia en los establecimientos de Wackenhut, Nuevo México transfirió más de 100 presos a una prisión de máxima seguridad en Virginia.

Wackenhut sostenía que el estado todavía tenía que pagarle $45 dólares por preso por las camas vacías. Por lo tanto, Nuevo México se vería forzado a pagar a dos partes diferentes, es decir, a Wackenhut y a Virginia, por el alojamiento de cada preso.

Además, Nuevo México también tenía que pagar para transportar a los presos hasta Virginia, y a su vez Virginia le cobraba una alta tarifa — $64 dólares por preso/por día — porque se requería alojamiento de emergencia. Nuevo México podía acabar pagando más del doble del costo original de alojamiento de presos. 30

De acuerdo con la Asociación Americana de Cárceles (American Correctional Association), los costos de atención médica de los presos aumentaron en un 10.24 por ciento en 1998, y en un 9.87 por ciento en 1997.31

En varios estados, tales como Tennessee, Florida y Nevada, existen topes con respecto a los costos de atención médica para las cárceles con fines de lucro. En Florida, por ejemplo, las firmas pagan gastos médicos hasta $7.500 dólares; el estado paga los gastos que exceden esa suma.

Estos topes trasladan al estado los costos de encarcelamiento incurridos por las firmas. Se espera que en el futuro los costos de atención médica van a aumentar debido a las sentencias más largas, a la difusión de enfermedades contagiosas y al aumento de presos con problemas psiquiátricos.

Los topes de costos de atención médica significan que los contribuyentes van a cargar cada vez más con los gastos.

El Costo de Exportación de Presos

- La exportación de presos a los establecimientos penitenciarios ubicados en otros estados tiene implicaciones negativas de costo para las comunidades que hacen la exportación.

Los costos más obvios son los trabajos que se pierden y los impuestos sobre la renta. También hay otros costos de oportunidades, tales como pérdidas relacionadas con donaciones y subsidios federales.

Por ejemplo, el Censo de los Estados Unidos cuenta los presos como residentes de la jurisdicción donde está ubicada la prisión. Cuando un estado exporta presos a cárceles en otros estados, puede perder financiación con respecto a programas estatales y federales que basan su contribución en relación con la población. 32

- Otros costos de largo plazo son difíciles de determinar.

Por ejemplo, puede haber costos relacionados con un aumento en la reincidencia, en cuanto a que el envío de los presos a lugares alejados de su familia y de redes de apoyo pueden impedir su rehabilitación. Los altos costos de transporte también pueden hacer prohibitivo el contacto entre los presos y sus familias.

Y el costo de transportar a los presos a jurisdicciones lejanas, que recae sobre los contribuyentes, también se debe considerar como factor en la ecuación.

Consecuencias Impositivas

Uno de los beneficios que se atribuyen las cárceles con fines de lucro es su contribución a la base de impuestos sobre la propiedad inmueble. Sin embargo hay evidencias de que esas firmas han tratado de evitar pagar impuestos.

Por ejemplo, CCA se retiró de su contrato para manejar el Centro de Actividades Previas a la Puesta en Libertad (Pre-Release Center) del estado de Cleveland porque no quería pagar su parte de los impuestos locales.

Tanto la ciudad como el condado le habían concedido a CCA más de un 50 por ciento de reducción de impuestos desde 1995 hasta 1998, pero no era suficiente para la corporación.33

En 1997, CCA pagó bajo protesta sus impuestos sobre la propiedad por el Centro de Detenciones de Leavenworth (Kansas), sosteniendo que el 90 por ciento de la prisión debería ser clasificado como zona de residencias.34

En 1994, los funcionarios de Wackenhut prometieron a los funcionarios del condado de Glades que iban a pagar alrededor de $400.000 dólares por año en concepto de impuestos a la propiedad, pero más tarde vendieron el terreno a una entidad sin fines de lucro creada específicamente [para ese propósito].

El año siguiente, la Comisión de Privatización de Cárceles del estado de Florida les concedió una exención de pago de impuestos a la propiedad por la prisión de 750 camas.35

Glades no es el único condado en Florida que no ha recibido pago de impuestos sobre la propiedad de la industria penitenciaria. Los condados de Bay, Columbia, Polk y Palm Beach, donde están localizadas otras cárceles y establecimientos penitenciarios para jóvenes, manejados por Wackenhut, CCA y Correctional Services Corporation, tampoco recibían de estas empresas ingresos por concepto de impuestos.36

Y Florida no es el único estado donde los contribuyentes subvencionan las ganancias de las cárceles comerciales. Por ejemplo, en 1998 Arizona aprobó una ley que prohibe retroactivamente la imposición de impuestos sobre ingresos derivados del encarcelamiento o detención de presos en una prisión manejada con fines de lucro. 37

Otro intento de evitar el pago de impuestos ocurrió cuando CCE se fusionó con su REIT para aprovechar un resquicio en el sistema federal impositivo que permite que los REITs eviten pagar impuestos a nivel de la compañía. Si bien este refugio impositivo se estableció para compañías legítimas de propiedades inmuebles, CCA esperaba usarlo para evitar pagar impuestos de ingreso corporativo sobre las ganancias derivadas del manejo de cárceles con fines de lucro.

De acuerdo con Legg Mason Wood Walker, que funciona principalmente como intermediario en la compraventa de valores y servicios bancarios para inversiones tanto de particulares como de instituciones, corporaciones y municipalidades, los REITs también evitan pagar impuestos a nivel estatal.38

Los planes de CCA eran de ganar dinero manejando cárceles y luego canalizar las ganancias a los REITs y de esa manera proteger sus ingresos de los impuestos a la renta.

Como se dijo anteriormente, la compañía CCA/Prison Realty estaba tratando de revertir hacia la estructura que tenía antes de convertirse en REIT porque su estrategia para evitar los impuestos estaba afectando negativamente la capacidad de crecimiento de la compañía.

- Las compañías de cárceles con fines de lucro también han evitado pagar impuestos convirtiéndose en socios de autoridades locales de desarrollo económico. Esta relación le ha permitido a la industria de las cárceles acumular subsidios en forma soslayada para su financiamiento, por medio de la emisión de bonos libres de impuestos.

Este tipo de financiamiento puede costarle a los contribuyentes cantidades mayores que el financiamiento público porque una autoridad encargada del desarrollo tal vez emitiría valores con una tasa mayor de intereses que los bonos de obligación general.

- También puede reubicar el riesgo del proyecto trasladándolo desde la compañía con fines de lucro hacia los contribuyentes, cargándole a la entidad gubernamental toda la responsabilidad por el fracaso operativo del que maneja la prisión.

Esto ocurrió, por ejemplo, en 1988 cuando Detention Services, Inc., convenció a los funcionarios del condado de Zavala, en Texas, de que financiaran una prisión con fines de lucro por medio de bonos del condado, pagaderos con las ganancias de la prisión.

El empresario luego firmó un contrato con el Distrito de Columbia para alojar a los presos. Sin embargo, en diciembre de 1990, el Distrito canceló el contrato debido a que había habido fugas de presos, peleas con bates de béisbol entre los presos, y un caso en que un guardia llevó en auto a dos presos a un prostíbulo en México.

Con la prisión vacía y sin ingresos, el condado se vió forzado a hacer los pagos de los bonos con dinero de su fondo de operaciones, con lo que se vió en situación de déficit y de incumplimiento de las obligaciones de los bonos.39 Los contribuyentes tuvieron que pagar las consecuencias de las equivocaciones de los empresarios.

El costo de las obligaciones

- Un estado puede contratar a alguien para que preste servicios, pero no puede contratar a alguien para que asuma sus responsabilidades.

Esto se destacó en 1999 cuando un juez del estado de Montana desechó los argumentos del Departamento de Cárceles del estado que aducía no ser responsable por los presos recluídos bajo contrato en una prisión.40

- Al ofrecer sus servicios en el mercado, una firma con fines de lucro puede decirle al gobierno que éste va a estar completamente cubierto por indemnizaciones contra toda responsabilidad, pero eso puede ser difícil de hacerse cumplir.

Por ejemplo, cuando el Distrito de Columbia firmó un contrato por valor de $182 millones de dólares con CCA para alojar a presos en Youngstown, en el estado de Ohio, se le dijo que estaría completamente cubierto por indemnizaciones.

Sin embargo el Distrito tuvo que hacerle un juicio a CCA para obligarlos a cumplir con el contrato. En el juicio, el Distrito de Columbia sostuvo que CCA había rehusado pagar indemnizaciones a los funcionarios del Distrito y que no había obtenido la póliza de seguro necesaria en la que figurara el Distrito como entidad asegurada. 41

- Hay cada vez más evidencias que las compañías con fines de lucro tal vez no puedan obtener seguros contra terceros.

Por ejemplo, en su declaración ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) del 18 de noviembre de 1999, la compañía Cornell Corrections dijo que “no podemos obtener seguros para cubrir algunos riesgos singulares de la empresa, incluyendo desórdenes y conmociones civiles o las acciones de un preso que se escapa.”42

En 1990, el contrato de CCA con el condado de Hamilton, en el estado de Tennessee, decía que la compañía tenía que tener $25 millones de dólares de seguro para proteger al condado contra toda responsabilidad. El condado, después de haber firmado el contrato, se enteró que la compañía no tenía esa cantidad. Luego CCA declaró que no solamente no tenía los $25 millones, sino que tampoco podía conseguirlos. 43

- Los empleados de las cárceles con fines de lucro también pueden ser demandados. Los empleados estatales y locales de las cárceles generalmente están protegidos contra demandas sobre el desempeño de sus tareas mientras su conducta no viole “derechos claramente establecidos que una persona razonable debería conocer.”

En junio de 1997, la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó que los empleados de compañías privadas no están protegidos por la misma inmunidad.

Según están las cosas ahora, la privatización, que sus proponentes sostienen que va a reducir los costos de suministrar servicios, puede en realidad aumentar los gastos en la medida en que las indemnizaciones o acuerdos mutuos de inmunidad entre las jurisdicciones y los proveedores con fines de lucro tal vez no se puedan aplicar, y la responsabilidad última de suministrar servicios públicos sigue recayendo sobre la jurisdicción.

Notas.

17. Travis C. Pratt and Jeff Maahs, “Are Private Prisons More Cost-Effective than Public Prisons? A Meta-Analysis of Evaluation Research Studies,” (“¿Las Cárceles de Propiedad Privada son Más Económicas que las Públicas? Un Meta-Análisis de Estudios de Investigación Evaluativa”) Crime & Delinquency, September 1, 1999, pgs. 358-371.

18. Dennis Cunningham, “Projected FY 2000 Cost of DOC Operated Medium Security Beds Compared to Private Prison Contracts,” (“Costo Proyectado de Camas de Mediana Seguridad Manejadas por El Departamento de Cárceles – DOC – para el Año Fiscal 2000, comparados con los Contratos de las Cárceles de Propiedad Privada “) presented at 4th Annual Privatizing Correctional Facilities, sponsored by World Research Group, Las Vegas, Nevada, September 24, 1999.

19. Abt Associates Inc. “Private Prisons in the United States: An assessment of Current Practice,” (“Cárceles de Propiedad Privada en los Estados Unidos: Una evaluación de Prácticas Actuales”) July 16, 1998, pg. 46.

20. Sheila Wissner, “Study Casts Doubt on CCA Savings,” (“Estudio Pone en Duda los Ahorros de CCA”) The Tennessean, March 2, 1998, pg A1.

21. Florida Office of Program Policy Analysis and Govenment Accountability, “Review of Bay Correctional Facility and Moore Haven Correctional Facility,” (“Reseña de las Instalaciones de Bay Correctional y de Moore Haven”) April 1998.

22. U.S. General Accounting Office, “Private and Public Prison: Studies Comparing Operational Costs and/or Quality of Service,” (“Cárceles de Propiedad Privada y Públicas: Estudios que Comparan sus Costos Operativos y/o la Calidad de Servicio”) GAO/GGD-96-158, August 1996, pgs. 3, 7, 9, 23.

23. Abt Associates Inc. “Private Prisons in the United States: An Assessment of Current Practice,” (“Cárceles de Propiedad Privada en los Estados Unidos: Una evaluación de Prácticas Actuales”) July 16, 1998, pg. 34.

24. Ibid., pg. 25.

25. Charles Mathesian, “Dungeons for Dollars,” (“Mazmorras a cambio de Dólares”) Florida Trend, October 1, 1996, pg. 80.

26. Lou Fecteau, “Upgrades at 2 Prisons Proposed,” (“Se Proponen Mejoras en Dos Cárceles”) Albuquerque Journal, October 22, 1999, pg.A1.

27. Richard Locker, “Prison Officials Defend Procedures at Mason,” (“Funcionarios de Cárcel Defienden Procedimientos Utilizados en Mason”) The Commercial Appeal, July 9, 1999, pg. A1.

28. Paul Wade, “CCA OK’d to Run Prison 2 More Years,” (“CCA Recibe Aprobación para Manejar Prisión por Dos Años Más”) The Commercial Appeal, December 10, 1999,pg. B1.

29. Lawrence L. Martin, “A Proposed Methodology for Comparing the Costs of Government Versus Contract Service Delivery,”(“Una Propuesta de Metodología para Comparar los Costos del Gobierno con los Servicios por Contrato”) The Municipal Year Book, International City/County Management Association, 1992.

30. Mark Oswald, “Wackenhut Billing N.M. For Empty Beds,” (Wackenhut le Pasa la Cuenta a New Mexico por Camas Vacías”) The New Mexican, September 9, 1999.

31. American Correctional Association, Corrections Compendium, October 1999, pg.8.

32. Tracey L. Huling, “Prisons As a Growth Industry in Rural America: An Exploratory Discussion of the Effects on Young African-America Men in the Inner-Cities,” (“Las Cárceles como Industria de Crecimiento en Zonas Rurales: Debate Exploratorio sobre los Efectos que tienen en jóvenes Afroamericanos en Zonas Urbanas Pobres”) prepared for U.S. Commission on Civil Rights, Washington, D.C., April 15-16,1999, pg.14.

33. Cindy Horswell, “Private Prison Firms Pulling Out After Dispute With School District,” (“Cárceles de Propiedad Privada Se Retiran Luego de un Desacuerdo con el Distrito Escolar”) Houston Chronicle, September 3, 1998, pg.32.

34. Mark Wiebe, “Detention Center Meets Opposition in Push to Change Classification,” (“Centro de Detenciones Se Enfrenta Con Oposición al Querer Hacer Cambios de Clasificación”) The Kansas City Star, March 12, 1998, pg.1.

35. “Divided Wiggins Votes Today on Private-Prison Plan,” (“Wiggins Dividido, Vota Hoy Sobre Plan de Cárceles de Propiedad Privada”) Denver Post, July 8, 1997, pg.B04.

36. Margaret Talev, “Officials Locked in Prison Tax Fight.” (“Funcionarios Enfrascados en Lucha Sobre Impuestos a Cárceles”) The Tampa Tribune, June 29, 1997, pg. 1.

37. National Conference of State Legislatures, State Crime Legislation: 1998, November 1998 , Vol.23, No. 19, pg.13.

38. John R. Honovich, “Correction Industry Financing Options,” (“La Industria Penitenciaria Financia Opciones”) presentation at 4th Annual Privatizing Correctional Facilities, sponsored by World Research Group, Las Vegas, Nevada, September 23, 1999.

39. Todd Mason, “It’s a Bust: Many For-Profit Jails Hold No Profits — Not Even Any Inmates; Still Promoters Keep Pushing Privately-Run Prisons to Job-Hungry Towns; Texas Rent-A-Cell-Breakout,” (“Se Descubrió: Muchas Cárceles con Fines de Lucro no dan Ganancias — Y ni siquiera tienen presos; Sin embargo los Promotores Siguen Promoviendo las Cárceles de Propiedad Privada Ante las Ciudades Hambrientas de Empleos; Fuga en las Celdas Alquiladas en Texas”) The Wall Street Journal, June 18, 1991.

40. “State Liable in Suits by Cons in Private Prisons,” (“Estados Responsables en Juicios Iniciados por Penados en Cárceles de Propiedad Privada”) Associated Press, October 13, 1999.

41. Cheryl W. Thompson, “D.C. Sues Private Prison Firm in Contract Dispute; CCA Failed to Protect and Defend the City in Two Lawsuits, Complaint Contends,” (“Distrito de Columbia Inicia Juicio contra Prisión Privada en Disputa Contractual; CCA no Protegió ni Defendió la Ciudad en Dos Juicios, Dice una Denuncia”) The Washington Post, December 19, 1998, pg. B07.

42. Cornell Corrections, Inc., Form S-3, Securities and Exchange Commission, Washington, D.C., November 18, 1999.

43. “Tennessee County Finds Pitfalls in Private Prisons,” (“El Condado de Tennessee Encuentra Peligros en Cárceles de Propiedad Privada”)The Phoenix Gazette, April 7, 1990, pg. A15.

www.afscme.org

Libertad Digital: apologia de les presons privades

GRACIAS A LAS CÁRCELES PRIVADAS
Mantener un preso en España es un 46% más caro que en EEUU

Mantener a un recluso en España supone un gasto medio de 54,79 euros al día. La empresa norteamericana Corrections Corporation of America se encarga de la gestión privada de más de 64 centros penitenciarios en EEUU. Su gestión reduce el coste diario medio por recluso a 40,90 dólares (29,42 euros).

La población penitenciaria se ha incrementado en casi un 16% desde 2006, pasando de 63.248 reclusos en ese año a 74.937 a fecha de hoy. Las estimaciones indican que seguirá aumentando el número de encarcelados, lo que supone un considerable incremento en el presupuesto dedicado a cubrir sus necesidades.

Mantener a un recluso en España supone un gasto medio de 54,79 euros al día, según datos oficiales. La cifra varía dependiendo de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Cataluña, cada preso costó 66,08 euros al día en 2008, tal como reflejan las estadísticas facilitadas por la Consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura.

La empresa norteamericana CCA (Corrections Corporation of America) se encarga de la gestión privada de más de 64 centros penitenciarios y de detención de EEUU. En sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2009, CCA ha tenido un coste diario por recluso de 40,90 dólares (29,42 euros), cifra que demuestra la eficiencia de su gestión frente a los más de 65 dólares diarios de media por cada interno en las cárceles públicas estadounidenses.

Estos datos reflejan que la gestión privada ahorra cerca del 40% a las arcas estatales americanas. Si lo comparamos con el coste de mantenimiento de un preso en las cárceles españolas, la cifra se dispara hasta el 46% (55% en el caso de Cataluña).

En Norteamérica, los gestores privados han demostrado que una cárcel puede dar beneficios. Durante el primer trimestre de 2009, CCA ha obtenido 58,45 dólares de beneficio por interno y día.

Y existen más ventajas, pues varios estudios académicos demuestran que en los Estados americanos en los que las instituciones públicas compiten con las privadas, la eficiencia de la gestión estatal en materia penitenciaria ha aumentado y el coste medio por interno disminuye paulatinamente.

En EEUU los gestores privados comenzaron manejando únicamente centros de detención para inmigrantes. Pero su buen hacer ha llevado a que, con el tiempo, estas empresas manejen cárceles de máxima seguridad. Aunque estos ejemplos demuestran el enorme ahorro de costes a cargo del dinero público que supone la gestión privada, el debate para importar un modelo similar a España no está en la agenda política.

© Libertad Digital SA Juan Esplandiu 13 – 28007 Madrid

CÁRCELES PRIVADAS: Clientes difíciles

A tono con los tiempos y su obsesión por la inseguridad, la industria carcelaria se ha convertido en un negocio astronómico. En EE.UU. mueve diez mil millones de dólares anuales y, en plena conquista de un mercado global, ya ofrece servicios especializados en los cinco continentes. España ha entrado también en el nuevo circuito privatizador.

La prisión de Bay County Jail, en Florida, oferta en su página web 700 camas. No dice «tenemos presos», dice «tenemos camas», ya que al igual que en un hotel, el negocio del director es tener las celdas ocupadas con muchos clientes. Y es un gran negocio, a juzgar por el público potencial. Estados Unidos cuenta con la espectacular cifra de dos millones de presos, de los cuales 100.000 se ‘hospedan’ en cárceles gestionadas por la empresa privada y subcontratadas por el Gobierno americano. Una tendencia que se extiende hacia Europa de forma imparable.

Sin ir más lejos, en nuestro país, casi sin ruido y sin debate público, la empresa privada ha entrado también en el sistema penitenciario. Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias, es la pionera en esta iniciativa. El Gobierno tripartito ha prometido construir diez nuevas prisiones en cinco años. Y ha decidido recurrir a la semiprivatización en algunos proyectos. En concreto, la nueva cárcel de Cambrians, en Barcelona, y el módulo de jóvenes de Quatre Camins en la Roca del Vallés (Barcelona). Además, el sector privado financiará la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet, un megaproyecto integrado por ocho edificios que será explotado en régimen de alquiler por un consorcio de empresas encabezado por la española Ferrovial, una constructora con amplia experiencia en autopistas.

Este sistema híbrido funciona, precisamente, de forma parecida al de las carreteras de peaje: la empresa financia por adelantado y el cliente paga a plazos. En este caso, la Generalitat pagará 487 millones de euros en 35 años. Pero antes de este paso de gigante dado por la comunidad catalana, la empresa privada ya había logrado entrar en la gestión de distintos servicios del mundo penitenciario español. De hecho, un organismo autónomo que responde al nombre Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es el que subcontrata catering, cafetería, economato y empleo para los presos.

Al igual que en EE. UU. y Australia, donde la empresa privada comenzó gestinando centros de menores antes de dar el salto a las prisiones para adultos, en España la mayoría de estos centros está gestionado por la empresa privada desde hace cinco años. Por ejemplo, en Madrid, donde hay catorce, el 80 por ciento está en manos de fundaciones privadas. Sobre el papel no tienen ánimo de lucro, pero la realidad es que la comunidad paga por cada menor 295 euros al día y no se fiscaliza el gasto.

El estado de estos centros es lamentable, según el Defensor del Pueblo canario, Manuel Alcalde, que este verano denunció «el maltrato institucional, la falta de higiene, seguridad y calidad de estas pequeñas prisiones que no quieren ser llamadas así, pero lo son». Días antes se había producido la muerte de un adolescente y varias denuncias por malos tratos.

Con todo, la situación de las cárceles en España no es tan difícil, comparada con la de otros países. Y ello a pesar del constante crecimiento de la población reclusa. Así opina Enrique Sanz Delgado, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá y autor del único libro publicado en España sobre cárceles privadas. «El régimen penitenciario español es uno de los más garantistas del mundo. Aquí gastamos cantidades ingentes de dinero en programas de reinserción y desintoxicación, mientras que en EE. UU. lo único que importa es la exclusión y el castigo.»

Sanz destaca que la primera norma aprobada en España, después de la Constitución, fue la Ley Penitenciaria. «Su contenido parecía utópico, pero todos los gobiernos de la democracia han aportado los medios económicos necesarios para que pudiera ser una realidad. Un número importante de prisiones españolas tiene menos de veinte años, mientras que en Francia todavía funcionan algunas del siglo XIX.» El portavoz del PSOE en el Congreso para Justicia e Interior, Vitorino Mayoral, puntualiza: «Aquí es el Estado quien debe velar por la vida, la integridad y la salud de los internos. La privatización de las prisiones no tiene sentido en nuestra doctrina jurídica». Aunque podría venir inducida por las circunstancias. Actualmente, los centros españoles están saturados y sobrepasan en un 59 por ciento su capacidad. La población reclusa masculina ha crecido un 33 por ciento desde el 97, fundamentalmente por el endurecimiento de las penas, derivado de la modificación de la Ley Penitenciaria aprobada por el anterior Gobierno.

Para entender el fenómeno de la privatización, hay que pensar en términos de libertad de mercado, por tanto, de espacios a conquistar. Para la industria carcelaria privada, Europa, Asia y África constituyen áreas de creciente interés. En EE. UU., la empresa pionera de la industria correccional, que se llama la Corrections Corporation of America (CCA), nacida en 1983, con capital, entre otras compañías, de la Kentucky Fried Chicken, ha abierto una filial en Australia, donde cuenta con un mercado considerable, ya que el 17,8 por ciento de las cárceles está en manos privadas. En sólo tres años, la CCA aumentó el valor de sus acciones de 50 millones de dólares, a 3,5 millardos. Luego está la multinacional francesa del catering Sodexho, que ofrece en Francia servicios de gestión, porque la ley allí no permite el empleo de personal penitenciario privado. Sodexho trabaja en Chile y suministra alimentos a cárceles de España, Países Bajos y Portugal.

Existen, además, otros tres grandes grupos, el norteamericano Geo Group, que gestiona la base de Guantánamo y que dispone de 69 centros en EE. UU., Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. El danés Group 4 Securicor está presente en 108 países con su lema «Global Solutions», y ofrece todo lo necesario para el funcionamiento de las cárceles. La tercera es Serco, una empresa del Reino Unido que tiene contratos en Norteamérica, Oriente Medio y Asia y que acaba de conseguir la primera adjudicación de servicios para una cárcel en Alemania.

Hasta Francia, un país tan poco susceptible de ser acusado de neoliberal, ha dedicado un presupuesto de mil millones de euros para construir 17 prisiones semiprivadas. Es decir, diseño, construccción y gestión en manos privadas, pero dirección y vigilancia a cargo del Estado.

Los defensores de la privatización de las cárceles se apoyan en el crecimiento imparable del número de presos en todos los países, especialmente en los EE. UU., donde hay dos millones de reclusos, cifra espectacular si la comparamos con los 8 millones que hay en todo el mundo, incluida China. Sin cárceles privadas, argumentan, sólo podrían hacerse dos cosas: construir nuevas cárceles públicas, cuyo coste recaería sobre el contribuyente, o acceder a la reducción de condenas, que pondría en peligro la seguridad ciudadana. La privatización es la solución al dilema.

Aunque no todo está tan claro. Los que ponen peros a la privatizción tienen también poderosas razones. Por ejemplo, el coste por interno en los EEUU varía entre 25 y 60 dólares, según la ocupación. Por lo tanto, cuanta más ocupación, más barata es la cama y más alto el beneficio. Las cárceles privadas hacen lo posible por ahorrar en farmacia, en programas de reinserción y, sobre todo, en personal de prisiones. Donde no hay vigilantes, las cámaras hacen su trabajo y algunos centros han preferido sustituir las torres de control por un sistema que electrifica los perímetros de seguridad.

Si un interno trata de escapar, con sólo un roce sentirá cinco mil voltios de electricidad en su cuerpo. Siempre será más barato que formar personal para reducirlos. Las compañías privadas contratan guardias de seguridad que cobran mucho menos que un funcionario público. En cualquier caso, los expertos advierten que es difícil hablar de cárceles privadas en general porque las condiciones de cada centro dependen del tipo de contrato que se establezca entre la empresa y la administración. Pero lo que está claro es que si tener presos es un negocio, tener muchos presos es un negocio todavía mejor. Y que hay lobbys muy poderosos que trabajan para que las leyes sean cada vez más severas.

Isabel Navarro
www.acaip.info

La privatització carcelària

Vigilar y castigar, amasando fortunas

¿Cuál es el costo de las prisiones? La respuesta dependerá de la persona o institución que aborde el problema. No coinciden aquí los diligentes administradores estatales; los abogados que viven en (y de) la trama del sistema penal; los comerciantes emprendedores que alquilan chaquetas en la entrada de una prisión para distinguir a los visitantes de los reclusos, o los que venden sofisticados equipos de vigilancia en descomunales ferias de seguridad; los tecnócratas promotores el trabajo penitenciario; ni los presos o sus familiares, que confrontan la degradación y la violencia de las cárceles.

Si bien es cierto que cada uno entiende la palabra “costo” de manera muy distinta, una cosa resulta indudable: éste es siempre demasiado alto -y con el perdón de los gerentes, no sólo es alto en términos materiales.

Dejando de lado las cuestiones de orden ético, para no resultar demasiado “anacrónico” y responder cabalmente a nuestra época de libre mercado, conviene centrarse en un aspecto puramente pragmático del asunto: los presos son una carga para el Estado.

En una época que se caracteriza por la crítica del Estado benefactor y la privatización de los servicios que éste conlleva, el cuidado de “los criminales” puede ser visto como uno de los tantos lastres que debiera quedar en manos de la empresa privada. Remedio corporativo para los males del Estado: los que administran hoteles o cadenas de pollo frito en decenas de países pueden muy bien administrar las cárceles. Acaso algún joven venezolano emprendedor, uno de esos que piensan primero en la justicia sin que ello lesione sus bolsillos, proponga una franquicia: “Juan Carcelero Inc.” o “Mc. Cana Inc.”.

Las posibilidades abundan dentro de esta línea pragmática; quienes responden a las apremiantes circunstancias económicas de sus países proponen otra solución a los costos del sistema penitenciario: “Que los presos paguen por sus crímenes, trabajando”. Remedio que combina lo punitivo con lo productivo, el espíritu de empresa con el castigo: que los presos fabriquen los uniformes de la policía, o que desde sus celdas hagan reservaciones para las líneas aéreas.

¿Hay acaso aquí una posible respuesta a la terrible situación de las cárceles venezolanas?, ¿No conviene instaurar una serie de “medidas prácticas” como las señaladas para resolver la dantesca experiencia que sufren numerosas personas en las cárceles del país? No se emocione el tecnócrata, no se apresure con su respuesta, sin considerar las implicaciones de una “propuesta tan razonable”.

La idea de cárceles privadas y trabajo penitenciario no se trata de una posibilidad remota, sino de un hecho difundido en países como Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Grandes fortunas se han amasado haciendo del preso un obrero sin derechos, sometido a una explotación con reminiscencias de la esclavitud.

Los “remedios” señalados al problema penitenciario nutren uno de los negocios más exitosos en los Estados Unidos: los complejos industriales penitenciarios. Estos complejos son una nueva modalidad de control social en la que el Estado negocia con la empresa privada para castigar las conductas delictivas y convertir el problema en un negocio lucrativo.

El negocio de los complejos industriales penitenciarios ha experimentado un auge sin precedentes, debido a la expansión de las privatizaciones, la ideología que pretende desmantelar el Estado y el “descubrimiento” de una nueva fuerza de trabajo -los presos-, que recibe salarios ínfimos.

No en balde el negocio incluye la participación de las empresas más importantes de arquitectura y construcción, las compañías telefónicas, la banca inversora de Wall Street y empresas que venden desde cámaras de seguridad hasta celdas de diversos colores.

“Se venden tal como se venden los carros, los bienes raíces o las hamburguesas”, afirma un fundador de Corrections Corporation of America, refiriéndose al negocio de las cárceles privadas. La empresa en cuestión, creada con el apoyo de algunos inversores de Kentucky Fried Chicken, fue de las primeras en impulsar la privatización de los servicios públicos, alegando que las compañías privadas podían construir y administrar prisiones a más bajo costo, y con mayor eficiencia que el Estado. Las evidencias muestran lo contrario.

El modelo no es nuevo. Hace cien años, las cárceles privadas fueron usadas en los Estados Unidos con consecuencias desastrosas. Los prisioneros vivían hacinados, eran golpeados frecuentemente y se alquilaba su fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud. La experiencia de los noventa no ha probado ser muy diferente.

La violencia en las cárceles privadas norteamericanas es mayor que en las cárceles públicas. En 1987, los miembros de la Prison Officers Association de Inglaterra, visitaron una de las cárceles administradas por C.C.A y reportaron evidencias de maltratos a los prisioneros, quienes por ejemplo, eran frecuentemente amordazados con cinta adhesiva. En su visita, los representantes de la P.O.A encontraron también evidencias de abuso sexual en los pabellones de prisioneras (Florida Prison Legal Perspectives, 1997).

El mismo año que algunos representantes del Gobierno Federal felicitaban a C.C.A por su buen trabajo, Rosalind Bradford, una prisionera de 23 años, murió por complicaciones de parto, luego de haberle sido negado el traslado a un hospital por más de doce horas.

Todo ello viene a confirmar un estudio del Tennessee Legislative Oversight Committee (1/2/1995), el cual señala que la cárcel privada es tres veces más violenta que en la cárcel pública. Asimismo, los programas educativos y de rehabilitación para los consumidores de drogas, que contribuyen a disminuir tal violencia en las cárceles, no son estimulados en las instituciones privadas, a fin de disminuir los costos y aumentar las ganancias. Hasta aquí el argumento en favor de la eficiencia de las cárceles administradas por empresas no estatales.

Las condiciones de trabajo dentro de las prisiones están claramente marcadas por el signo de la explotación. Ciertas empresas han visto con complacencia el sugimiento de esta fuerza de trabajo que en 1994 produjo bienes por un valor de 1.31 billones de dólares. Los prisioneros fabrican ropa, repuestos para automóviles, zapatos, pelotas de golf, además de servir como operadores telefónicos.

Los salarios varían notablemente entre las prisiones privadas y públicas. En las últimas, los prisioneros ganan el salario mínimo, aunque sólo reciben 20 centavos de dólar, debido a los descuentos por el pago de “habitación y comida”. En las prisiones privadas, los salarios son aún menores, situándose alrededor de 17 centavos de dólar por hora.

En 1993, una investigación realizada por Courier Journal de Louisville reveló que algunas empresas privadas estaban utilizando mano de obra carcelaria en diversos trabajos de construcción, sin recibir ningún salario. ¿Cuál es la diferencia entre dicha práctica y el trabajo esclavo?

El hecho de que las empresas no tienen que ofrecer ningún tipo de beneficio social, ni pagos por concepto de enfermedad o vacaciones, hace que estos empleados constituyan instrumento ideal para generar grandes ganancias.

Un ejemplo significativo de lo rentable que resulta el empleo de prisioneros es que una compañía norteamericana cerró su maquiladora en México para instalarse en una cárcel de California -donde paradójicamente la población penal es mayoritariamente de origen mexicano.

Cabe preguntarse también sobre los efectos en el mercado de trabajo en general que tiene la existencia de una fuerza de trabajo cautiva, cuyas posibilidades de formar sindicatos es nula, y cuyos salarios son irrisorios.

No se trata de que el trabajo en las prisiones sea negativo, por el contrario, los presos han mostrado interés en el desarrollo del empleo penitenciario. Sin embargo, las condiciones en las que se han desarrollado tales iniciativas distan mucho de ser beneficiosas para ellos.

Con respecto a los costos de las prisiones privadas, la General Accounting Office señala que los estudios no ofrecen una evidencia sustancial de que se hayan hecho ahorros.
Otro estudio confiable señala que por ejemplo, la administración de una cárcel privada en Tennesee cuesta uno por ciento menos que la administración de una cárcel del Estado.

Hasta aquí el argumento de que la privatización de las cárceles ahorra dinero al Estado. Es quizás más probable lo que afirma Eric Bates cuando señala que “la privatización de las cárceles es en realidad la privatización de los ingresos públicos, y su transformación en ganancias para las empresas privadas” (The Nation, 1998).

Todo parece indicar que el crimen si paga, pero a quienes administran la justicia. Aunque estas cárceles privadas no han ahorrado recursos al estado, han generado en cambio grandes ganancias para las compañías que las administran.

Por ejemplo, Corrections Corporation se encuentra entre las cinco compañías más rentables en la bolsa de Nueva York. Compañías como AT&T y MCI han descubierto que los prisioneros son clientes ideales para sus servicios telefónicos. Pero como resulta frecuente, un mercado cautivo genera abusos: algunas empresas cobran cantidades exorbitantes por minuto e incluso incurren en sobrecargos importantes.

Otra evidencia de que las cárceles privadas constituye un gran negocio es la publicación de un nuevo periódico dedicado a “las últimas tendencias y novedades” en el mercado penitenciario. El Correctional Building News publica anuncios publicitarios de las principales compañías que participan en el negocio. Uno de estos anuncios dice “¡No toque!”, promocionando rejas electrificadas.

La lógica de estos mecanismos de control social me recuerda un conocido relato de Swift. El autor sugiere allí “una propuesta razonable” para remediar el problema de los niños pobres de Irlanda: que estos pequeños indigentes sean literalmente convertidos en el alimento de otros menesterosos. Swift enumera las ventajas de su propuesta: con ella se alimenta a la población y se reduce el número de pobres; los padres y la nación se alivian de un gran peso; las calles no estarán tan pobladas de vagabundos; pero sobre todo, no será necesario mantener a una población improductiva.

En ese orden de ideas también parece razonable explotar a los presos, a fin de que las corporaciones acumulen grandes fortunas.

En definitiva, el problema es de orden ético.

Luis Duno-Gottberg
Aporrea

Ciberjaque al poder

Twitter ha supuesto un escollo para el Gobierno iraní, pero no es la única arma electrónica capaz de combatir la injusticia. Los creadores de robots manifestantes, programas antiespía o graffitis luminosos que no dejan rastro quieren reclutarte en la tecnodisidencia. Éstos son sus métodos.

Hay una secuencia clavada en la retina de medio mundo. En ella, una joven se desangra y muere en las calles de Teherán. Se llamaba Neda Aga Soltán, tenía 26 años y fue abatida por un miliciano. Neda protestaba contra las elecciones que el pasado junio dieron el triunfo a Mahmud Ahmadineyad y que muchos consideran fraudulentas. El vídeo que recoge su agonía, grabado por un espontáneo con su móvil, se convirtió en el símbolo gráfico de la revuelta del pueblo iraní. Los manifestantes quizá no hayan logrado la repetición de los comicios, pero han conseguido una razonable victoria: hacer oír su voz a través de las nuevas tecnologías. El Estado podrá expulsar a los corresponsales internacionales que quiera, pero es incapaz de aplacar todo el tráfico de imágenes en Internet que, a su vez, ha encencido una gigantesca cadena de mensajes de solidaridad con las protestas. Una revolución de la que hoy hablan todos los periódicos del mundo y que tiene sus raíces en las movilizaciones antiglobalización de 1999 en Seattle, que se organizaron en el ciberespacio y con SMS.

Sin embargo, la misma telefonía que defiende al ciudadano puede convertirse en un arma de represión. Como ha ocurrido en Irán, donde el Estado la ha utilizado para espiar y localizar a los disidentes. Peter Eckersley, técnico de Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización por los derechos civiles, abre el debate: “Cuando los gobiernos occidentales deciden fabricar sistemas de vigilancia, lo hacen con la condición de usarlos sólo para aplicar la ley. Pero los gobiernos autoritarios espían a sus ciudadanos con los mismos programas. El único modo en el que podemos evitar que eso suceda es no construyendo dichas aplicaciones”.

A continuación, un repaso a las luces y las sombras de los métodos que, a través de la tecnología (y, a veces, la anarquía), aseguran combatir las injusticias del mundo.

1. Boicoteo telefónico. Tras las elecciones presidenciales, miles de iraníes se echaron a la calle. Pero manifestarse ha resultado ser peligroso: la represión ha dejado, según datos oficiales, un reguero de 20 muertos y miles de detenidos. Aseguran los opositores que el Gobierno usó un sistema de vigilancia electrónico para identificar a la disidencia. ¿Y quién firmaba esa tecnología? La empresa europea Nokia Siemens Network (NSN). El resultado: los consumidores han decidido boicotear a la compañía. Una reacción que, según el diario inglés The Guardian, ha reducido la venta de móviles de Nokia a la mitad en Irán. Hadi Heidari, destacado caricaturista de ese país, publicó una imagen de un teléfono de la marca finlandesa en una señal de tráfico de “No entrar”. Susana Araujo, representante de NSN, aclara: “Todos los sistemas de telefonía móvil incluyen por ley ese software de vigilancia. En el caso de Irán, la operadora del país, TCI, tiene la capacidad de rastrear las llamadas y es posible que lo hiciera para localizar a los organizadores de las protestas”.

2. Armas artísticas. James Powderly prefiere no hablar por teléfono. “Es caro y, aunque llame EL PAÍS, me van a cobrar”. Inútil discutir con este tecnogurú. Powderly es uno de los fundadores de Graffiti Research Lab, el colectivo neoyorquino que inventa herramientas limpias para interactuar en espacios públicos. Sus cachivaches escriben mensajes de luz que imitan el graffiti, pero no manchan muros. Al final escoge el chat de Gmail para la entrevista: “Todo empezó como un juego, no había un discurso político detrás. Entonces [2005] trabajaba para la NASA y no creía en la tecnología neutral. Ésta se usa en un contexto social y siempre con un fin”, razona. Sus inventos han sido utilizados por Electronic Intifada (una revista online propalestina) o la campaña por la liberación del Tíbet (Free Tibet). En 2008, Powderly intentó proyectar un mensaje cerca de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Su objetivo: protestar contra el ataque a la libertad de expresión. “Como no soy James Bond, me detuvieron. Me encerraron durante cinco días junto a mis nueve compañeros y activistas tibetanos en un campo de detención chino”.

3. Dejad que los robots hagan la revolución. Ana vive en un garaje. No come, ni bebe, ni duerme. Y aunque hoy permanece ociosa, en junio de 2007 no paró quieta. “Leímos en 2005 en EL PAÍS que el Ejército americano quería mandar robots soldados a la guerra de Irak. Como respuesta al uso violento de la robótica, Íñigo y yo hackeamos la noticia, sustituyendo el término soldado por manifestante. Todo cuadraba”. Así que los hermanos Julio e Íñigo Fernández materializaron la idea, y en 2006 lanzaron Ana Project, una iniciativa para construir un robot manifestante. Su misión: protestar en la reunión del G-8 en Heiligendamm (Rostock, Alemania) en junio de 2007. “Colaboraron 12 personas de Medialab y de Arteleku [centros de Madrid y San Sebastián]. Ana se controlaba por control remoto o GPS”. Estos guipuzcoanos facturaron las piezas de Ana en cajas para ir a Rostock. “Llegaron un día después de la manifestación oficial. Menos mal que el festival anti G-8 seguía. Sacamos a Ana a la calle, había unas 100.000 personas. Cuando empezó a avanzar con su pancarta antiglobalización, la gente flipó”.

4. ¿Quién vigila a los vigilantes? Vallas publicitarias que observan al observador con minúsculas cámaras, e-mails controlados o teléfonos pinchados: ¿cómo puede protegerse el ciudadano de la invasión de su intimidad? La EFF, nacida en 1995 y con sede en EE UU, da las claves: “Facilitamos programas que ayudan a escapar del espionaje que desde Internet realizan algunas autoridades. También sirven para conectarse a páginas prohibidas —como Twitter en China— sin dejar rastro. Funciona enviando información encriptada de ordenador a ordenador en tres pasos: en cada paso, una capa del mensaje encriptado cae; después del tercero, se envía a su destino real. Miles de iraníes usan este programa, llamado Tor. Y también cientos de miles de personas en todo mundo: no sólo en China, también en EE UU”. Las recomendaciones de la EFF varían de país a país: “Gmail pertenece a la estadounidense Google. Por tanto, su Gobierno puede solicitar por ley acceso a los correos de sus ciudadanos. Sin embargo, usar Gmail en Irán sí es recomendable, sobre todo si encriptas la información”.

5. Disparando casetes. Un destartalado Pentium III, unos cedés y casetes son las armas de Gorki Águila. El líder de la banda cubana de punk rock Porno para Ricardo firma temas que critican al Gobierno cubano y se mofan de Fidel Castro. Un repertorio polémico distribuido por Internet y que no gusta al comandante. “Yo no soy político, no soy más que un artista, pero hay cosas que me molestan y las digo así, sin más”, cuenta por e-mail. El año pasado, Águila fue detenido y liberado cuatro días después. Y al calor de su caso, se movilizó la blogosfera. “A pesar de no catalogarme como ciberactivista —soy sólo una cubana que ha liberado su demonio en la Red: el demonio de la apatía y del conformismo de esta isla—, he acabado siendo una. He conseguido que los cubanos se expresen”, afirma por teléfono desde La Habana Yoani Sánchez, autora del blog Generación Y y un símbolo en la isla. “Sólo los extranjeros residentes pueden abrirse una cuenta de Internet. El resto se conforma con la conexión de la oficina. El 99% de mi labor es off-line. Escribo en casa, acumulo varios textos y los cuelgo en mi web”.

6. Revolución Twitter. Así bautizaron los medios al fenómeno de las redes sociales en Irán. Howard Rheingold, autor de Multitudes inteligentes (editorial Gedisa), predijo la tendencia en 2002 cuando afirmó que los grupos humanos podían organizarse de modo coordinado para combatir los abusos de poder. “Twitter y YouTube suponen un punto y aparte. Las autoridades ya no pueden cerrar a cal y canto un país. Durante la crisis de Irán se enviaron 250.000 tweets [mensajes de Twitter] por hora”, explica por teléfono este gurú. Un torrente informativo difícil de dirigir. “Muchos eran falsos o rumores. Ha llegado el momento de hablar de reporteros y periodistas. Todo aquel que tenga un móvil con cámara puede ser reportero, pero alguien debe verificar la validez de los datos, contrastarlos con fuentes y contextualizarlos. Eso es lo que los periodistas hacen. Y los necesitamos más que nunca”. María Ferreras, representante de YouTube en España, lo confirma. “En Urumqi, capital de la provincia china de mayoría musulmana Xinjiang, los vídeos han servido para que el mundo fuera consciente de la matanza”.

MARÍA OVELAR

El Pais  24/07/2009

Siempre negativa, nunca positiva

A mediados del pasado año, en la revista Esprit, un especialista en el tema comentaba que “las personas que hoy se identifican como religiosas son menos creyentes que antes y los sin religión son menos ateos que antaño”.Es muy probable que este diagnóstico sea globalmente certero, aunque a mí –por deformación ideológica, sin duda– lo que más me llama la atención sea su segunda parte. En efecto, ya no quedan ateos como los de antes o “increyentes”, como se denomina a sí mismo Francisco Fernández Buey en un curioso artículo escrito junto al teólogo González Faus (¿Dios en Barajas?, El País, 11-IX-08). En esa pieza escatológica se lamenta que los ideales ilustrados hayan desembocado en el relativismo posmoderno, dictamen papal ya conocido, y se recuerda que antaño, cuando se suponía que la muerte era paso a una vida mejor, accidentes trágicos como el de Spanair en Barajas causaban menos desolación. Supongo que por eso aún sigue siendo recomendable persignarse cuando el avión comienza a correr por la pista de despegue: por si fallan los alerones y hay que alcanzar el cielo por vía estrictamente sobrenatural…

Entre los nuevos increyentes (por no hablar de los creyentes “cultos”) la excepcional estatura intelectual de Benedicto XVI se ha convertido en un acrisolado dogma de fe. Su reciente visita oficial a Francia ha provocado rendidos ejercicios de admiración. El ex director de Le Monde, Jean-Marie Colombani, en su artículo La inteligencia política del Papa (El País, 16-IX-08) no sólo elogia su habilidad diplomática –que después de todo responde a una larga tradición vaticana– sino que le proclama “un intelectual de altura que disertó sobre la diferencia entre la teología monástica y la teología escolástica ante un auditorio de personalidades del mundo intelectual y cultural reunidas en París, muchas de las cuales fueron incapaces de seguirle”. Hombre, francamente, dado que estamos, si no me equivoco, en el siglo XXI, cierta incapacidad para seguir con interés y aplicación disquisiciones como la mencionada puede no demostrar inferioridad especulativa sino salud mental. Por lo demás el resto de las afirmaciones papales en su jornada galicana, sosteniendo que “la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle sigue siendo aún hoy el fundamento de toda verdadera cultura” y que “una cultura meramente positivista (…) sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser más graves” no pasan de ser proclamas obligadas y conocidas de su oficio, aliñadas de vez en cuando sin duda con cierta pedantería parroquial. De igual modo, y a mi entender, con mejor fundamento otros pueden afirmar que la renuncia al soborno celestial es el comienzo del verdadero pensamiento moderno y que los humanistas recibieron su nombre precisamente cuando dejaron de ocuparse de la teología. Por no hablar de posteriores afirmaciones papales como las hechas en el sínodo de obispos sobre que las “naciones antes ricas en fe van perdiendo su identidad por culpa de la influencia nociva y destructiva de la cultura moderna”, o, respondiendo a la crisis económica, que “el dinero aparece y desaparece, pero Dios permanece” (supongo que por eso se muestra remiso a aparecer). Sin quitarle méritos a Benedicto XVI, en mi escala intelectual lo tengo decididamente más abajo que a Nietzsche, Freud, Bertrand Russell o Sartre, que mantenían sobre casi todo criterios diferentes a los suyos.

Sin embargo, para los laicos –creyentes o “increyentes”, tanto da– el verdadero problema no es el papa Ratzinger, que dice y hace aquello para lo que fue elegido, sino el presidente Sarkozy. Hace tiempo leí a un historiador que, hablando de los primeros cristianos, decía: “Esperaban la llegada inminente del Mesías y llegó la Iglesia”. Parafraseándole podríamos ahora afirmar que los partidarios del laicismo esperábamos desde mediados del pasado siglo la llegada de la auténtica libertad de conciencia institucional y lo que parece venir es la laicidad positiva. Aunque ese centauro ideológico no sea un invento del presidente francés, el bullicioso mandatario parece haberlo tomado en adopción. “Prescindir de las religiones es una locura, un ataque contra la cultura”, dijo ante el Papa, que asentía con la cabeza (y quizá sonreía para sus adentros, aunque menos que Carla Bruni). Pero… ¿qué es la “laicidad positiva”? Pues aquella fórmula institucional que respeta la libertad de creer o no creer (en dogmas religiosos, claro) porque ya no hay más remedio, pero considera que las creencias religiosas no sólo no son dañinas sino beneficiosas social y sobre todo moralmente. “La búsqueda de espiritualidad no es un peligro para la democracia”, asegura triunfal Sarkozy. ¡Claro que no! Pero ¿quién le ha dicho que la espiritualidad hay que buscarla prioritariamente en la fe o la religión? Más aún: ¿quién le ha ocultado que la crítica de los dogmas y la denuncia de las iglesias proviene de quienes buscaron –y buscan– realmente una espiritualidad que no se pare en barras… ni en reclinatorios?

Entre otros se lo recuerda Jean Baubérot, que es profesor emérito de historia y sociología de la laicidad en la Escuela Práctica de Altos Estudios (no, no es ateo sino protestante), en un libro interesante y divertido: La laicidad explicada al Sr. Sarkozy… y a quienes le escriben los discursos (ed. Albin Michel). Para Baubérot, la llamada “laicidad positiva” no es sino una forma de neoclericalismo, confesional pero no confeso. Y eso porque un Estado realmente laico no sólo no puede dejarse contaminar por ninguna religión, ni privilegiar ninguna de las existentes sobre las demás, sino que tampoco puede declarar preferible tener una religión a no tenerla. El lema que hoy trata de imponerse es: “crea en lo que quiera, pero tenga religión; siempre es mejor tener una religión que carecer de ella; a quien tiene religión no le sobra nada, mientras que a quien no tiene siempre le falta algo”. La tentación viene de antaño y ya fue entonces denunciada. A mediados del siglo XIX, el gran erudito y pensador liberal Wilhelm von Humboldt prevenía contra cualquier posición activa del Estado en materia religiosa, aunque no fuera más que apoyando los sentimientos religiosos en general: “siempre entraña hasta cierto punto la dirección y el encadenamiento de la libertad individual”. Tomo la cita de la imprescindible obra Difícil tolerancia (ed. Escolar y Mayo), de Yves-Charles Zarka, quien glosa así el pensamiento de Humboldt: “Toda acción del Estado en materia de religión, ya consista en dar protección a una religión determinada o a partidos religiosos o incluso a los sentimientos religiosos en general, transforma el Estado en una instancia más o menos opresiva. Evidentemente, la opresión es mayor en el caso de una religión determinada; pero incluso cuando pretende favorecer el sentimiento religioso en general, el Estado se interesa de hecho por una opinión determinada y se propone como meta asegurar la primacía de la creencia en Dios contra la incredulidad o el ateísmo”.

La laicidad (que en buen castellano se llama laicismo) no necesita apellidos que la desvirtúen: “laicidad positiva” pertenece a la misma escuela que “sindicatos verticales” o “democracia orgánica”. Pero su funcionamiento es siempre efectivamente negativo, porque rechaza cualquier injerencia de lo público en las creencias inverificables de cada cual… y de las creencias en las funciones públicas. Funciona en ambos sentidos: por ejemplo, el titular de El País calificando al juez Dívar de “muy religioso” nos hizo respingar a bastantes por su clericalismo, aunque fuera del convento de enfrente. Pero algo más que respingos tuvimos que dar al ver al cardenal Rouco en la inauguración del año judicial o saber que sigue habiendo en el Ejército generales que son a la vez obispos… Lo único positivamente claro sobre la laicidad de nuestra democracia es su insuficiencia.

Fernando Savater
El País, 16-10-08

Cuando la religión pisa el césped de la ciencia

Cuando la religión pisa el césped de la ciencia
La supuesta separación entre ambas no es tan perfecta
Richard Dawkins

Existe una cobarde blandeza del intelecto que aflige a gente que, normalmente racional, se enfrenta a religiones establecidas desde hace mucho tiempo (aunque, de manera significativa, no con tradiciones más modernas como la Cienciología o los Moonies). S. J. Gould, comentando la actitud del Papa acerca de la evolución en su columna de Natural History, es representativo de una escuela dominante de pensamiento conciliador entre creyentes y no creyentes: La ciencia y la religión no están en conflicto, ya que sus enseñanzas ocupan dominios diferentes… Creo, con todo mi corazón, en un concordato respetuoso, incluso amoroso [el énfasis es mío]… —Stephen Jay Gould
Bien, ¿en qué consisten esos dos dominios diferenciados, esos “Magisterios No Superpuestos” que deberían apiñarse en un concordato respetuoso y amoroso? De nuevo, Gould:
La red de la ciencia cubre el universo empírico: de qué está formado (hecho) y por qué funciona de esta manera (teoría). La red de la religión se extiende sobre cuestiones del significado y el valor moral. —Stephen Jay Gould
¿Quién ostenta la moral? Ojalá fuera tan perfecto. En un momento abordaré lo que realmente dice el Papa sobre la evolución, y luego otras afirmaciones de su iglesia, para ver si realmente están tan bien diferenciadas del dominio de la ciencia. Sin embargo, primero haré un inciso sobre la afirmación de que la religión posee algún tipo de preparación especial sobre cuestiones morales. Esto lo acepta a menudo incluso la gente no religiosa, presumiblemente con el ánimo de esforzarse civilizadamente por concederle al oponente la mejor cualidad que puede ofrecer – por muy débil que sea esa cualidad. La pregunta “¿Qué es lo correcto y lo equivocado?” es una pregunta genuinamente difícil que la ciencia no puede responder. Dada una premisa moral o una creencia moral a priori, la importante y rigurosa disciplina de la filosofía moral secular puede buscar formas científicas o lógicas de razonamiento para sacar a relucir implicaciones ocultas de esas creencias, o inconsistencias ocultas entre ellas. Pero las propias premisas morales absolutas deben provenir de algún otro sitio, presumiblemente de la convicción no argumentada. O, puede esperarse, de la religión – lo que significa una combinación de autoridad, revelación, tradición y escritura. Desafortunadamete, la esperanza de que la religión pueda proporcionar un lecho de roca a partir del cual pueda derivarse nuestra moral (que de otra manera estaría basada en arena), es una esperanza vana. En la práctica, ninguna persona civilizada utiliza las Escrituras como autoridad última para el razonamiento moral. En lugar de eso, escogemos las partes bonitas de las Escrituras (como el Sermón del Monte) e ignoramos alegremente las partes desagradables (como la obligación de lapidar a los adúlteros, ejecutar a los apóstatas y castigar a los nietos de los delincuentes). El propio Dios del Viejo Testamento, con sus celos vengativos y despiadados, su racismo, sexismo y ansias de sangre, no sería adoptado como modelo de comportamiento literal por nadie que usted o yo queramos conocer. Sí, por supuesto que es injusto juzgar las costumbres de una era antigua con nuestros estándares ilustrados. ¡Pero ése es precisamente mi punto! Evidentemente, tenemos una fuente alternativa de convicción moral última que invalida a las Escrituras cuando nos conviene. Esa fuente alternativa parece ser algún tipo de consenso liberal sobre la decencia y la justicia natural que cambia a lo largo del tiempo histórico, frecuentemente bajo la influencia de reformistas seculares. Hay que admitir que eso no suena como un lecho de roca. Pero, en la práctica, nosotros, incluídos los religiosos, le damos una prioridad mayor que a las Escrituras. En la práctica, más o menos ignoramos las Escrituras, citándolas cuando respaldan nuestro consenso liberal, olvidándonos de ellas silenciosamente cuando no lo hacen. Y, venga de donde venga ese consenso liberal, nos es accesible a todos nosotros, seamos religiosos o no. De manera similar, los grandes maestros religiosos como Jesús o Gautama Buddha pueden inspirarnos, con su buen ejemplo, a adoptar sus convicciones morales personales. Pero, de nuevo, escogemos nuestros líderes religiosos, evitando los malos ejemplos como Jim Jones o Charles Manson, y podemos escoger buenos modelos de comportamiento seculares como Jawaharlal Nehru o Nelson Mandela. También las tradiciones, por mucho tiempo que haya pasado desde que las seguimos, pueden ser buenas o malas, y utilizamos nuestro juicio secular de la decencia y la justicia natural para decidir cuáles seguir y cuáles abandonar. La religión sobre el césped de la ciencia Pero esta discusión sobre los valores morales no era más que una digresión. Ahora regreso a mi tema principal de la evolución y de si el Papa cumple con el ideal de mantenerse fuera del césped de la ciencia. Su “Mensaje sobre la Evolución de la Academia Pontificia de las Ciencias” comienza con un casuístico discurso tergiversador diseñado para reconciliar lo que Juan Pablo II estaba a punto de decir con los pronunciamientos anteriores más equivocados de Pío XII, cuya aceptación de la evolución era comparativamente más reacia y de mala gana. La Revelación nos enseña que [el hombre] fue creado a imagen y semejanza de Dios. [...] si el cuerpo humano tiene su origen en materia viva preexistente, el alma espiritual es creada inmediatamente por Dios [...] Por consiguiente, las teorías de la evolución que, de acuerdo con las filosofías que las inspiran, consideran a la mente como algo que emerge de las fuerzas de la materia viva, o como un mero epifenómeno de esta materia, son incompatibles con la verdad sobre el hombre. [...] Con el hombre, por tanto, nos encontramos ante una diferencia ontológica, un salto ontológico, podríamos decir. Para crédito del Papa, en este punto reconoce la contradicción esencial entre las dos posiciones que intenta reconciliar: “Sin embargo, ¿no va la existencia de esa discontinuidad ontológica en contra de esa continuidad física que parece ser la línea de investigación principal en la evolución, en el campo de la física y la química?” Que no cunda el pánico. Igual de a menudo que en el pasado, el oscurantismo viene al rescate: Considerando el método utilizado en las variadas ramas del conocimiento, es posible reconciliar dos puntos de vista que parecen irreconciliables. Las ciencias de la observación describen y miden las múltiples manifestaciones de la vida con creciente precisión y las correlacionan con la línea del tiempo. El momento de transición a lo espiritual no puede ser objeto de este tipo de observación que, sin embargo, puede descubrir, a nivel experimental, una serie de signos muy valiosos que indican lo que es específico del ser humano

En lenguaje corriente, hubo un momento en la evolución de los homínidos en el que Dios intervino e inyectó un alma humana en un linaje que previamente era animal. (¿Cuándo? ¿Hace un millón de años? ¿Hace dos millones de años? ¿Entre el Homo erectus y el Homo sapiens? ¿Entre el Homo sapiens “arcaico” y el H. sapiens sapiens?) Es necesaria una inyección súbita, por supuesto, porque de otra manera no habría distinción en la que basar la moralidad católica, que es especiesista hasta la médula. Puedes matar animales adultos como alimento, pero el aborto y la eutanasia son asesinatos porque está implicada vida humana.

La “red” del catolicismo no se limita a las consideraciones morales, aunque sólo sea porque la moral católica tiene implicaciones científicas. La moral católica requiere la presencia de un gran abismo entre el Homo sapiens y el resto del reino animal. Tal abismo es fundamentalmente antievolutivo. La inyección súbita de un alma inmortal en la línea del tiempo es una intrusión antievolutiva en el dominio de la ciencia.

Hablando más generalmente, es completamente irrealista afirmar, como hacen Gould y muchos otros, que la religión se mantiene fuera del césped de la ciencia, restringida a la moral y los valores. Un universo con una presencia sobrenatural sería un universo fundamental y cualitativamente distinto de uno que no la tuviera. La diferencia es, ineludiblemente, una diferencia científica. La religión realiza afirmaciones sobre la existencia, y esto significa afirmaciones científicas.

Lo mismo es cierto para muchas de las principales doctrinas de la Iglesia Católica Romana. La Inmaculada Concepción, la Asunción corporal de la Virgen María, la Resurrección de Jesús, la supervivencia de nuestras almas tras la muerte: todo esto son afirmaciones de una naturaleza claramente científica. O Jesús tuvo un padre corporal o no lo tuvo. Ésta no es una cuestión de “valores” o “moral”; es una cuestión sobre un hecho formal. Puede que no tengamos la evidencia para responderla, pero es una cuestión científica. Puede estar seguro de que si se descubriese alguna evidencia que apoyara esa afirmación, el Vaticano no se resistiría a promocionarla.

O se descompuso el cuerpo de María cuando murió, o fue extraído físicamente de este planeta hacia el Cielo. La doctrina católica oficial de la Asunción, promulgada tan recientemente como en 1950, implica que el Cielo tiene una ubicación física y existe en el dominio de la realidad física – ¿Cómo podría el cuerpo físico de una mujer ir allí de otra manera? No estoy diciendo aquí que la doctrina de la Asunción de la Virgen sea necesariamente falsa (aunque, por supuesto, así lo pienso). Simplemente estoy refutando la afirmación de que está fuera del dominio de la ciencia. Al contrario, la Asunción de la Virgen es evidentemente una teoría científica. También lo es la teoría de que nuestras almas sobreviven a la muerte corporal, y todas las historias de las visitas angélicas, manifestaciones marianas y milagros de todo tipo.

Hay algo deshonesto y auto beneficioso en la táctica de afirmar que todas las creencias religiosas están fuera del dominio de la ciencia. Por un lado, las historias milagrosas y la promesa de la vida tras la muerte se utilizan para impresionar a la gente sencilla, ganar adeptos y engrosar rebaños. Es precisamente su poder científico lo que les da a estas historias su atractivo popular. Pero, al mismo tiempo, se considera golpe bajo someter a las mismas historias a los rigores habituales de la crítica científica: son temas religiosos y por tanto están fuera del dominio de la ciencia. Pero no se puede jugar a dos bandas. O, al menos, no se debería dejar a los teóricos y proselitistas religiosos que jueguen a dos bandas. Desafortunadamente, demasiada gente, incluyendo a gente no religiosa, está inexplicablemente dispuesta a dejarles.

Supongo que es gratificante tener al Papa como aliado en la lucha contra el creacionismo fundamentalista. Es ciertamente gracioso ver cómo se fastidian los planes de creacionistas católicos como Michael Behe. A pesar de ello, si me dieran a elegir entre el fundamentalismo genuino por un lado, y el doblepensamiento oscurantista y nada ingenuo de la Iglesia Católica Romana por otro, sé muy bien cuál prefiriría.

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Copyright © 1998 Richard Dawkins

Richard Dawkins es biólogo evolutivo, nació en Nairobi, Kenya, en 1941 y se educó en la Universidad de Oxford. Comenzó su carrera como investigador en los 60, estudiando bajo la dirección del etólogo Nico Tinbergen, ganador del premio Nóbel, y desde entonces su trabajo ha girado en torno a la evolución del comportamiento. Ha obtenido las cátedras Gifford de la Universidad de Glasgow y Sidwich del Newham College de Cambridge. Además ha sido profesor de zoología de las universidades de Oxford y California, ha presentado programas de la BBC y dirigido varias publicaciones científicas. En 1995 se convirtió en el primer titular de la recién creada cátedra Charles Simony de Divulgación Científica en la Universidad de Oxford. Autor de obras muy leídas como:

• El gen egoísta (1976; segunda edición, 1989; tercera, 2006)
• El fenotipo extendido (1982)
• El relojero ciego
• El río del Edén (1995)
• Escalando el monte improbable (1996)
• Destejiendo el arco iris (1998) — Dawkins, con ironía pero también con rigor científico, se enfrenta a las pseudociencias mostrando lo que son: fraude, ilusión, alucinación, error o embuste.
• El capellán del diablo (2003)
• The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution (2004); El cuento del antepasado: un viaje a los albores de la evolución (2008)
• The God Delusion (2006); El espejismo de Dios (2007)

La publicación del próximo libro de Dawkins está prevista en Estados Unidos para el 24 de noviembre de 2009, fecha del 150.º aniversario de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin.

Traducido por: Gabriel Rodríguez Alberich
Documento original: www.sindioses.org

Benedicto XVI ignora a Aristóteles: “Primum vivere, deinde filosofare”

“No he venido a hablar ni de política ni de economía. He venido aquí a hablar de espiritualidad”, aseguró Benedicto XVI nada más pisar tierra africana. “Primum vivere, deinde filosofare”, advertía Aristóteles. Primero, vivir, tener al menos el estómago lle­no; luego filosofar. El Papa no parece partidario de la lúcida reflexión de Aristóteles, al fin y al cabo un filósofo pagano, debe de pensar, nacido más de trescientos años antes que Cristo.

En el África de la miseria, del hambre, de la ausencia de una red sanitaria y es co lar mínima, donde malviven millones de seres humanos y donde millones de niños mueren sin llegar a la adolescencia; en la África donde la única esperanza de la inmensa mayoría de sus hombres y mujeres es huir como sea para encontrar –lo que es dificilísi mo– un lugar al sol de la abundancia; en la África donde el sida arrasa y mata con facili dad a muchos de sus habitantes, el jefe máximo de la Iglesia católica dice que él no ha bla de política ni de economía, sino de espiritualidad. Y para empezar, su espiritualidad la mide prohibiendo, una vez más, el uso de condones, siquiera para frenar o recortar la pandemia del sida.

Obsesión rastrera
¡Qué obsesión tan infame, ciertamente rastrera, la de tantos clérigos, obispos, ar zobispos, cardenales y, por supuesto, el Sumo Pontífice de la sotana blanca, en torno al sexo! ¡Qué vergüenza estar siempre dándole vueltas a la noria del sexo, condenándolo, a la defensiva, buscándole su supuesta maldad congénita! ¡Qué obscenidad priorizar en África lo que la cúpula católica entiende por espiritualidad y dejar de lado la política y la economía! Ésas son las dos palancas que debieran ser utilizadas en el continente afri cano para que la situación cambiara para bien totalmente y África dejara de ser un in fierno –ese infierno sí que existe–, y se convirtiera en un lugar para que florezca la vida y no para que emerja la tragedia de la muerte.

El inquisidor del siglo XX
Pero a Benedicto XVI –antes llamado, cuando ejercía de inquisidor del siglo XX, Joseph Ratzinger– sólo le preocupa de los africanos que se pongan condones. Por cierto, ¿cuántas veces, señor Ratzinger, Cristo condenó los condones u otras formas de evitar la procreación? También le inquieta que las misas católicas celebradas en África, así como otros oficios religiosos, estén impregnadas de restos de las antiguas religiones africanas y, por consiguiente, no sean “dignas”. Relevante cuestión, importantísimo problema. Al jefe del teocrático Estado Vaticano le molesta que las misas africanas tiendan a ser exu­berantes. Dice el Pontífice: “Estas celebraciones son festivas y alegres, pero es esencial que la alegría demostrada no sea un obstáculo para entrar en diálogo y comunión con Dios”. ¿Pretende el señor Ratzinger ponerle, eso sí, condones a la alegría? ¿Cree el Papa que Dios sí rompe el diálogo con los africanos que, evocando su pasado religioso, se muestran alegres en demasía? ¿Le parece mal –todo lo que no controlan les parece a us tedes mal– que las viejas creencias africanas se mezclen con la liturgia de las misas traí das por los colonizadores? O sea, por los expoliadores de África, al margen, claro, de mi les y miles de misioneros y misioneras beneméritos y entregados a hacer el bien a los africanos.

Mandamases de la carcunda
¡Menudo Dios se han inventado ustedes, los mandamases de la carcunda, los que están más pendientes de los condones que de salvar a la gente del sida, los que siguen anatematizando la homosexualidad, las células madres, la muerte digna o la eutanasia, el aborto reglado, el divorcio, sea o no exprés! En África dicen que no hablan de políti ca, pero en sus púlpitos y sus copes no hacen otra cosa que hacer política, apoyando a la derecha y maldiciendo a la izquierda. Recuerdan sobre todo, a los escribas y a los fari seos, sepulcros blanqueados, que decían una cosa y hacían la contraria. Usted, señor Ratzinger, es el hombre que en nombre de Dios, se atreve a condenar los condones y a perseguir la alegría. He aquí su retrato. Estremecedor.

Enric Sopena

El Plural, 20-3-09

Hypatia y las raíces del antifeminismo (el odio a la mujer)

La exposición de la película Ágora de Alejandro Amenábar sobre la vida de Hypatia ofrece una excelente ocasión para analizar una vez más el tema del antifeminismo que sigue siendo uno de los componentes esenciales de nuestra civilización llamada a veces occidental, pero cuya denominación más apropiada sería la de civilización cristiana.

La historia de Hypatia ha sido muchas veces contada por lo que la resumiré muy brevemente. Para evitar cualquier tipo de magnificación de un personaje tan admirado por quienes han visto en él una víctima simbólica de la crueldad a la que lleva el fanatismo religioso, citaré el relato de Sócrates Escolástico (también conocido como Sócrates de Constantinopla), historiador cristiano del siglo V:

Vivía en Alejandría una mujer llamada Hypatia, hija del filósofo Theon, la cual alcanzó logros en literatura y ciencia suficientes para sobrepasar a todos los filósofos de su tiempo. Como directora de la Escuela de Platón y Plotino explicaba los principios de la filosofía a sus alumnos, muchos de los cuales venían de lejos para recibir sus enseñanzas…Todos los hombres la admiraban por su extraordinaria virtud y dignidad…Sin embargo incluso ella cayó víctima de la envidia política que prevalecía en aquel tiempo…algunos de (los monjes del obispo Cirilo) llevados por un celo fiero y fanático…la emboscaron en el regreso a su residencia, la sacaron de su carruaje y la llevaron a una iglesia llamada Cesareum, donde la mataron con “ostraca” (trozos de cerámica). Después de despezar su cuerpo, llevaron sus miembros a un lugar llamado Cineron, donde los quemaron. Este asunto trajo oprobio no sólo sobre Cirilo, sino también sobre toda la Iglesia de Alejandría (Volumen VII, Capítulo XV).

El relato de Sócrates ocurre durante el año 415. El asesinato de Hypatia fue el resultado del odio que le profesaba el obispo Cirilo (San Cirilo, claro, este tipo de sicópatas asesinos rara vez dejan de ser canonizados, cuando perpetran sus asesinatos en defensa de la fe), quien la acusaba de ser una maga (es decir aliada del demonio) en sus discursos desde el púlpito. Hypatia es considerada por tanto la precursora de la caza de brujas que ensangrentaría a Europa siglos más tarde.

El relato de Sócrates menciona claramente como causa del odio de Cirilo la “envidia” que éste le profesaba y que se explica a su vez por la superioridad intelectual que Sócrates le reconoce. El santo obispo no podía en forma alguna soportar esta superioridad en alguien que era pagana, seguidora de Platón y, sobre todas las cosas, mujer.

El cuerpo de Hypatia desapareció de la manera cruel que hemos visto, pero no así su espíritu, pues éste reencarnaría a fines del siglo XVII en ciudad de Méjico en otro cuerpo, igualmente agraciado: el de Sor Juana Inés de la Cruz, para muchos la más grande poetisa de la lengua castellana. Juana Inés dedicó su vida a las letras, hasta que en la plenitud de su obra la Iglesia la obligó a deshacerse de su preciada biblioteca, a recluirse en su celda, a no volver a escribir, a retractarse por los errores de una vida dedicada a tareas tan nimias como componer teatro y poesía y a limitarse a llevar una existencia vegetativa dedicada a la oración. La razón de la condena de Juana Inés no fue otra que la envidia que le tenían el arzobispo de Méjico, Francisco de Aguiar y Seijas, y otros ilustres varones de la Iglesia de la época. El arzobispo la acusó y condenó nada menos que por el pecado de “la soberbia que saca a la mujer de su estado de obediencia”. Juana Inés fue una gran admiradora de Hypatia, sufrió su misma suerte a manos de un nuevo Cirilo, y dejó constancia en varios poemas de la persecución que sufrió por su doble condición de intelectual y mujer, combinación de atributos que la Iglesia de todas las épocas ha considerado nefasta:

Desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones…han bastado a que deje de seguir esta natural impulso que Dios puso en mí…sabe (Dios) que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento dejando sólo lo que baste para guardar su Ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer (Respuesta a sor Filotea de la Cruz, 1691).

Octavio Paz, en su excelente biografía de Juana Inés resume así la historia de su persecución:

La hostilidad difusa que suscitaban su condición de monja escritora y su celebridad de ultramar…se convirtió en un asunto que tocaba a los principios mismos de la disciplina eclesiástica. La hostilidad y los celos se vistieron con el disfraz del respeto a la autoridad, la obediencia y la consagración a los deberes religiosos. Y todo esto se expresó en una exigencia. La renunciación a las letras profanas. El movimiento de opinión desencadenado por la mala voluntad de Aguiar y Seijas era, en realidad, una oleada de inconfesables pasiones: envidia, temor, odio a la mujer, recelo.

El objetivo de este artículo es justamente el de dilucidar las raíces de lo que Octavio Paz caracteriza como el odio a la mujer, odio que se ha manifestado con virulencia en el caso de Hypatia, en el de Juan Inés y en el de todas las mujeres que han pretendido ser las iguales del hombre en ambientes culturales dominados por la Iglesia.

Tradicionalmente se ha atribuido el relegamiento intelectual de la mujer al machismo heredado de las culturas patriarcales pastoriles que nos han legado su visión del mundo y en especial de las relaciones entre los sexos: la cultura semita en lo religioso y la indoaria en cuanto a mitología y organización social.

El machismo significa simplemente la relegación de la mujer a un plano de sometimiento a la autoridad del hombre y a una participación en la sociedad como ciudadana de segunda clase. El Antiguo Testamento es el súmmum por excelencia de la cultura machista: el hombre puede divorciarse pero la mujer no; la mujer debe purificarse durante cuarenta días cuando tiene un varón, pero ochenta si pare una niña; la casada acusada por su marido que no puede demostrar su virginidad debe ser apedreada hasta morir, pero no hay una regla semejante para el marido, etc. En el cristianismo el machismo se encuentra presente desde los primeros escritos que hacen parte del Nuevo Testamento. Pablo en sus famosas epístolas afirma, por ejemplo, que “Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer” o que la mujer fue creada “a causa del hombre” (entiéndase para estar a su servicio) y rechaza el derecho de la mujer a hablar en las asambleas de la Iglesia.

El machismo se encuentra por tanto presente en las llamadas religiones del libro, es decir la cristiana, la judía y el islam. El machismo no puede explicar, sin embargo, fenómenos de “odio a la mujer”, como los que hemos visto en los casos de Hypatia o de Juana Inés. Una cosa es relegar a la mujer a un segundo plano y otra muy distinta despellejarla viva (o encerrarla en su celda y prohibirle escribir) como castigo por pretender ser la igual o superior al hombre en el campo intelectual. Aquí se percibe algo adicional, a lo cual voy a calificar como antifeminismo, cuyas raíces paso a explicar.

El antifeminismo es el resultado de una corriente religiosa judía que se denomina como apocalíptica y que nace alrededor de los años -170/-165, y cuyo primer legado literario es el libro del profeta Daniel. La apocalíptica nace como respuesta a las circunstancias históricas de Israel, cuando el rey seléucida Antioco Epifanes trató de erradicar el culto a Yahvé y de imponer la cultura y la religión griegas. En el pasado la religión judía, a través de sus antiguos profetas, había sostenido que el
mundo era básicamente bueno y que los males provenían de las malas acciones del pueblo de Israel (usualmente trasgresiones a la alianza con Yahvé, es decir adoración de otros dioses). Desde Daniel, los profetas presuponen que este mundo es intrínsecamente malvado y que el restablecimiento del bien exige su destrucción y la creación de un mundo nuevo. Un juicio final y la aparición de un personaje denominado como “el hijo del hombre” marcan a menudo la ruptura entre el viejo y el nuevo mundo. La aparición de esta corriente obedece a la desesperación del pueblo judío que veía cómo varios siglos de fidelidad a Yahvé desde el regreso del exilio de Babilonia no había servido para evitar el sometimiento a poderes extranjeros y luego el ataque a su religión. Resultaba necesario por consiguiente encontrar una razón para la existencia del mal en el mundo diferente a la muy manida excusa de la infidelidad con Yahvé.

La nueva literatura apocalíptica define claramente el origen del mal en el mundo como el resultado de la corrupción de un grupo de ángeles, denominados como los Vigilantes (seguramente por haberles Dios encomendado la custodia o vigilancia de la raza humana), quienes se unieron carnalmente con las mujeres y enseñaron a los hombres secretos que no debían revelarles (la elaboración de armas de guerra principalmente) y les indujeron a cometer pecado. Los Vigilantes y sus descendientes, una raza de gigantes, fueron destruidos por el diluvio, pero sus espíritus sobrevivieron convertidos en espíritus malos o demonios y establecieron su morada en la tierra. Veamos algunos testimonios de esta nueva corriente religiosa:
• Adán corrió peligro, y también los ángeles, pues ellos tenían libertad en esa época que fue creada; algunos de ellos bajaron y se mezclaron con las mujeres (primer Apocalipsis de Baruc.)

• A causa de estas cosas vino el diluvio sobre la tierra, por cuanto debido a la fornicación de los Vigilantes contra lo que les fue ordenado, pues se prostituyeron con las hijas de los hombres (libro de los Jubileos).

• Cuando los hijos de los hombres se multiplicaron y les nacieron en esos días hijas hermosas, y los ángeles, hijos de los cielos, las vieron y las desearon para sí y se dijeron entre ellos: “Vayamos, escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos” (libro de Henoc).

• Ordenad a vuestras mujeres y a vuestras hijas que no adornen sus cabezas y sus caras…pues de esta manera atrajeron a los Vigilantes antes del diluvio (Salmos de Salomón).

• Y a Miguel dijo el Señor: Ve e informa a Semyaza (otro jefe de los demonios) y a los otros que están con él, los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en todas sus torpezas…Aniquila a todas las almas lascivas y a los hijos de los Vigilantes por haber oprimido a los hombres (libro de Henoc).

• Luego Uriel me dijo: “Aquí es donde estarán los ángeles que se han unido a las mujeres. Sus espíritus, tomando muchas apariencias, han corrompido a los hombres y los harán caer para que sacrifiquen tanto a los demonios como a los dioses, hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados para ser perdidos” (libro de Henoc).

Los profetas apocalípticos atribuyen ahora el mal en el mundo a los ángeles conocidos como “los vigilantes”, pero ellos no han obrado solos, han tenido un aliado y este aliado son las mujeres, que les atrajeron con su belleza. Queda así plasmado el estereotipo de la mujer como seductora del hombre y aliada del maligno que originará la caza de brujas siglos después.

Esta visión de la mujer como seductora que corrompe y aleja al santo varón de su vocación de servicio a dios, la encontramos ya plenamente incorporada al cristianismo en la obra de San Agustín. Basta citar algunos pasajes de sus “Confesiones”, en los que relata cómo su atracción hacia la mujer le desvió de dios en su juventud: Reteníanme antiguas amigas mías…me tiraban del vestido de mi carne y murmuraban por lo bajo: “¿Nos dejas? ¿Y desde este momento ya no volveremos a estar contigo? ¿Y ya desde este momento no te será lícito ni esto ni aquello? ¡Qué cosas más sórdidas me sugerían! ¡Qué indecencias! Apártelas tu misericordia del alma de tu siervo…De tal manera me convertiste a ti que ya no deseaba mujer.

El “deseo de la mujer” en oposición a la entrega a dios y a la salvación del alma, estos son los elementos que subyacen al antifeminismo que nace con la corriente apocalíptica del judaísmo y que supera con creces al relegamiento de la mujer a un segundo plano que es la característica del machismo.

La apocalíptica explicaba el mal en el mundo por la fecundación de mujeres por ángeles y esperaba que la llegada de un Mesías o “hijo del hombre” dotado de grandes poderes acabaría con este estado de cosas y restauraría la bondad primigenia de la creación de dios. El judaísmo actual conocido como rabínico no procede de esta corriente. La corriente apocalíptica-mesianista (o apocalíptica-cristiana, que es lo mismo, pues Cristo es mesías en griego) llevó a la guerra contra Roma en los años 66-73. Los fariseos que colaboraron con Roma y con sus testaferros herodianos reconstruyeron el judaísmo excluyendo las creencias apocalípticas (a la que denominaron como “minim” es decir como herejes). El cristianismo sí procede evidentemente de la corriente apocalíptica y ha logrado conservar todos los reflejos de odio a la mujer, culpable de traer el mal al mundo al seducir a los pobres ángeles que dios había designado para vigilarlas y de desviar al hombre de su vocación de virtuosa alabanza de dios.

El cristianismo ha heredado tanto el machismo del Antiguo Testamento como el antifeminismo de la corriente apocalíptica-mesianista. No cabe esperar por tanto que culturas influenciadas o controladas por creencias cristianas logren una plena igualdad de género. La lucha por la igualdad de género debe considerarse como un componente más de una lucha más amplia: la lucha por liberar a nuestra sociedad de ataduras religiosas en que muchos encuentran la justificación para mantener situaciones que violan los derechos humanos. Sólo una sociedad plenamente laica puede garantizar los derechos de la mujer y de todos los ciudadanos.

Juan Manuel Castells, maig 2009
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