Con la salud pública y la verdad no se juega

Sobre las declaraciones del consejero de salud de la Generalidad de Cataluña

Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal
Rebelión

Las declaraciones del consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña a la Agencia EFE de octubre de 2011 no sólo son socialmente inadmisibles sino que son una agresión directa y sin tapujos a la razón pública ilustrada. Los motivos de crítica se agolpan; veamos algunos de ellos.

La salud no es un bien privado que depende exclusivamente de cada ciudadano, como afirma el señor Boi Ruiz. Desde principios del siglo XX, con precedentes en otros momentos históricos, se considera –con consenso generalizado- que la salud es un bien público que incumbe a la sociedad en su conjunto; en absoluto es un bien estrictamente privado.

La salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino -de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosas instancias y organismos afines- un estado físico, psicológico y social adecuado al correcto desarrollo de las personas. De ahí deriva el concepto de Salud Pública que engloba todos los determinantes implicados en la salud –entre muchos otros: las condiciones de vida, la salubridad del medio, el control de infecciones, la calidad de los alimentos, la vacunación, la higiene, la potabilidad del agua, la erradicación de la malaria, del tifus, de las fiebres de malta y muchas otras enfermedades, las reglamentaciones laborales sobre condiciones de trabajo y enfermedades, la creación de una red pública de atención primaria y hospitalaria (que en España ha llegado a ser de alta calidad gracias al esfuerzo de numerosas personas fuertemente implicadas en esta gran conquista social)-, determinantes sociales, decíamos, respecto a los cuales un individuo aislado, por sí mismo, poco puede hacer.

Ello no quiere decir, obviamente, que las formas de vida de cada sujeto –que, como es evidente para quien no quiera cegarse socialmente, muchas personas no siempre pueden elegir libremente: las circunstancias en las que se ven inmersos impiden o dificultan gravemente su autodeterminación real-, no tengan influencia en su estado de salud. Aunque el criterio de “vida saludable” no deja de tener unos componentes que dependen o son funcionales a cada cultura, conviene insistir en el ya muy antiguo concepto de que el enfermar es la resultante de muchos factores (entre ellos y entre muchos otros, la constitución biológica de cada individuo). De esta forma, para algunos individuos, su “vida disipada” tiene efectos sobre su salud muy diferentes a los que ocasiona en otras personas. Pensemos en lo que ocurre entre personas fumadoras: algunas de ellas, a los 90 años, se encuentran bastante bien de salud; otras, en cambio, a los 50 padecen cáncer de pulmón. Eso sí, es indiscutible que desde la perspectiva de la salud pública el conjunto de fumadores de una determinada población padece con mayor frecuencia una serie de patologías que los ciudadanos no fumadores, falleciendo también antes. Estamos ante el concepto poblacional frente al estrictamente individual.

Tampoco puede sostenerse que la salud no dependa en ninguna medida del Estado como afirmó el consejero de Salud en esas mismas declaraciones a no ser que nos remontamos al feudalismo, a las monarquías medievales, o bien a Estados capitalistas puros donde rija en exclusiva la ley del más fuerte y el grito despiadado (o afín) de “¡Viva el mal, viva el Capital!” El que conocemos -o se dice conocer- como Estado de bienestar es otra cosa. El señor Boi Ruiz tal vez tenga como modelo de Estado de las plutocracias estatales.

No hay olvidar, por otra parte, y este vértice es esencial, que la investigación en medicina y salud es posible gracias a recursos públicos dirigidos a estos fines, es decir, gracias a la intervención de un Estado que no tenga anulada ni demediada ni olvidada su componente social. Sin esta investigación, muchos éxitos que se han conseguido –y que benefician a toda la ciudadanía sin exclusiones- no se habrían alcanzado.

El consejero de salud catalán aseguró también que la salud no es un derecho. Los apartados del artículo 43 de la Constitución de 1978 parecen desmentirle: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Derechos, por otra parte, que están también recogidos en el Estatuto de Cataluña, que quizá el Sr. Boi Ruiz no haya podido leer hasta el momento. Se mire como se quiera mirar, se lea como sea quiera leer, la cCnstitución española y las normas estatuarias amparan el derecho a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles.

Precisamente, para justificar lo contrario, que la salud no es un derecho, el señor Boi Ruiz ha argumentado del modo siguiente: la salud “depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos”. No es así, en absoluto. Los trastornos genéticos constituyen una ínfima parte de la morbilidad observada (alrededor del 1%). Existen predisposiciones genéticas a determinadas patologías. Sin duda. Pero tales predisposiciones representa sólo un determinado porcentaje de probabilidad para su manifestación, la cual depende de numerosos factores en relación con el medio y las condiciones de vida. Consiguientemente no es inexorable la manifestación del trastorno por la carga genética. Ningún resultado científico contrastado y aceptado avala esa supuesta tesis defendida por el consejero. Se puede colegir de ello, no parece arriesgada ni precipitada la inferencia, que el Sr. Boi Ruiz —al menos según sus declaraciones a la agencia EFE— no está muy puesto en lo relativo a los conceptos actuales sobre la salud y las enfermedades. Sus múltiples actividades gestoras en las últimas décadas deben de haberle robado tiempo para su puesta al día en temas científicos-culturales.

Por lo demás, aunque fuera el caso sin serlo, aunque la salud dependiese del código genético, de los antecedentes familiares y de los hábitos de cada uno de nosotros, no se inferiría de todo ello que las instituciones públicas tuvieran que jugar un papel secundario, acaso marginal, en temas de salud. De lo primero, de esa suposición que no debe admitirse, no se infiere de ninguna manera lo segundo. ¿Dónde se ubica el ámbito de la ética para el consejero de salud? El criterio del Sr. Ruiz es estrictamente político, neoliberal, no tiene ninguna base científica. Los conocimientos científicos actuales en absoluto justifican sus consideraciones y proclamas.

El señor Boi Ruiz también aludió en la entrevista con EFE que en Cataluña hay unas 1.300 citas diarias de pacientes que no asisten a la consulta. Desconocemos la validez de la cifra, ni qué citas están incluidas en ese número, y si el coste real que ello supone para arcas públicas es el que el consejero señala y que cuantifica, con imprecisión manifiesta, en “más de 10 millones de euros”. Si fueran correctos los datos, habría que intentar corregir la situación. Nadie lo duda, nadie ha dudado de ello. Pero ello no justifica, aunque se pretenda hacernos creer lo contrario, penalizar la atención a la inmensa mayoría de pacientes y, menos aún, adoptar medidas privatizadoras. Diga lo que diga el Sr. Boi Ruiz, de quien desconocemos su vinculación a la sanidad pública como paciente, la ciudadanía —que no usuarios—, en su conjunto, no es un grupo de irresponsables que malgasten los recursos públicos sin miramientos. Lo afirmado por el consejero es humo, una máscara que quiere encubrir una determinada política –que, evidentemente, no defiende él en solitario- cuya orientación y finalidades resultan cada día más evidentes.

La racionalización del gasto —que no implica en absoluto una privatización—, sin mermar la asistencia, no es algo a lo que los defensores de la sanidad pública nos opongamos. Al contrario, llevamos años insistiendo en ello, en especial en el uso excesivo de tecnologías y medicaciones no justificadas. La política que se está defendiendo, diga lo que diga el señor consejero, no tiene nada que ver con la racionalización. Racionalizar, ser o actuar responsablemente, con prudencia, con justicia, es cosa muy distinta. ¿Por qué hay que recortar inexorablemente en sanidad cuando apenas se hace nada contra el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas, y se aprueban por otra parte mega-ayudas a la banca y leyes de sucesiones y contrarreformas fiscales que favorecen a sectores sociales muy pero que muy privilegiados? Puestos a racionalizar, ¿no habría que racionalizar esas políticas con urgencia? ¿De qué habla realmente el señor Boi Ruiz cuando habla de “racionalización”? ¿De qué está hablando realmente?

El consejero de economía, el señor Mas-Colell, un antiguo y destacado cuadro del PSUC en su etapa universitaria, inauguró el curso académico del Círculo de Economía haciendo un llamamiento a los empresarios a que ocuparan el espacio que los recortes están dejando en el espacio público. Ni más ni menos, bien a las claras. El Sr. Boi Ruiz, en la misma línea, también ha hecho más de un llamamiento para la contratación de seguros en las mutuas privadas. La Cecot -una patronal multisectorial que, según sus propios anuncios, “promueve y defiende los intereses de las empresas catalanas”- ha sabido corresponder al consejero: le ha concedido el galardón “Mejores prácticas de la Administración Pública”, un premio que el señor Boi Ruiz ha recogido de manos del presidente Artur Mas. Como lo leen.

¡Qué horror, doña Leonor!, ¡qué barbaridad, doña Trinidad! No se premia a los mejores sino –cosa muy distinta- a los mejores privatizadores. El gobierno de CiU, con los aplausos entusiastas del PP y otras fuerzas políticas de menor escala, está aplicando su programa, su duro programa neoliberal, mientras los sectores sociales minoritarios que tan bien representan jalean sus oídos y llenan sus vanidades, sin olvidar, por otra parte, que durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2010 no hicieron referencias directas ni a recortes ni a privatizaciones de los servicios públicos. Era parte de agenda oculta.

¿Cuánto tardará la ciudadanía en darse cuenta? ¿Hasta cuándo vamos a permitir este atropello casi sin precedentes? La calle exige de nuevo, como quería el poeta e ingeniero Gabriel Celaya, que nos paseemos a cuerpo y anunciemos y exijamos algo nuevo.

Eduard Rodríguez Farré es Doctor en medicina, farmacólogo y radiobiólogo, y profesor de fisiología y farmacología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC). Actualmente es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERSP) del IDCIII. Autor de numerosas publicaciones internacionales sobre toxicidad de contaminantes ambientales, energía nuclear y salud en revistas científicas de primera línea, es miembro del Comité Científico de la UE sobre nuevos riesgos para la salud. Su próxima publicación lleva por título Ciencia en el ágora (El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), en prensa).

Salvador López Arnal es colaborador de rebelión y de El Viejo Topo, y coautor, junto a Eduard Rodríguez Farré, de Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente, Mataró (Barcelona), El Viejo Topo, 2008 y de Ciencia en el ágora Mataró (Barcelona), El Viejo Topo (en prensa).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La paradoja de la corrupción

¿Por qué políticos y partidos relacionados con la corrupción mantienen en España altos niveles de aplauso popular? Podría evitarse con burocracia meritocrática, cambio del sistema electoral y prensa independiente

Tres historias diferentes en tres países muy distintos (Haití, Afganistán y Grecia) han atraído gran parte de la atención internacional en el último año. En Haití, la interpretación dominante es que la pobreza extrema del país hizo que un terremoto terrible se convirtiera en una tragedia humana sin precedentes; en Afganistán, que una ocupación extranjera en aumento es incapaz de frenar la violencia y traer estabilidad; y en Grecia, que la conjunción de una mala política fiscal junto a la imposibilidad de recurrir a una política monetaria propia le está llevando al borde del colapso económico. Sin embargo, si preguntamos a expertos, miembros de los Gobiernos y ciudadanos de esos países qué causa señalarían como la principal responsable de sus problemas, la respuesta sería sorprendentemente bastante similar.
En documentos anteriores al terremoto, como Por qué la ayuda internacional a Haití ha fallado, tanto observadores externos como funcionarios implicados durante décadas en la ayuda a Haití admiten que si el problema hubiera sido la pobreza lo habrían podido afrontar. Pero con lo que sistemáticamente se estrellaban sus esfuerzos era con una corrupción endémica creciente. En Afganistán, el estudio de opinión pública más exhaustivo, llevado a cabo recientemente por Naciones Unidas, señala que la corrupción es considerada como el principal problema del país, por encima de la violencia. Por su parte, el primer ministro griego, Papandreu, ha reconocido en una cumbre europea, provocando el estupor entre sus homólogos, que la corrupción es la principal causa de los problemas económicos.

Haití, Afganistán y Grecia son casos extremos de lo que expertos, como Simon Kurer, llaman la “paradoja de la corrupción”. Por una parte, la corrupción es una actividad impopular en todo el mundo, pero, por otra, los políticos corruptos resultan populares en muchos sistemas políticos y sobreviven en sus cargos, ganando en numerosas ocasiones elecciones democráticas. Otros ejemplos vienen de países como Italia, India, Tailandia o México, donde, en determinadas elecciones, estar procesado por corrupción no daña o incluso aumenta las probabilidades de reelección de un político. Otros estudios -como algunos en EE UU o en Brasil- muestran que estar involucrado en actividades corruptas reduce, modesta, pero significativamente, tus probabilidades de reelección. Por supuesto, en los países menos corruptos del mundo estos estudios no se pueden llevar a cabo porque no hay un número suficiente de casos como para extraer conclusiones.

En España, mientras vamos cayendo año a año en las comparativas internacionales de “buen gobierno” y los ciudadanos están crecientemente preocupados por la corrupción, nuestras instituciones parecen tener problemas para eliminar a los políticos corruptos. Por un lado, más del 70% de los alcaldes envueltos en escándalos de corrupción mantuvieron la alcaldía tras las últimas municipales. Por el otro, las encuestas muestran cómo partidos con numerosos dirigentes procesados en algunas autonomías mantienen (o aumentan) su ventaja electoral sobre la oposición.

La causa de que nos encontremos cada vez más hundidos en la paradoja de la corrupción hay que buscarla en la ausencia de tres mecanismos que, en otros países de nuestro entorno, facilitan que los políticos corruptos sean castigados en las urnas.

El primero, y que he mencionado ya en otras ocasiones aquí, es la adopción de una burocracia meritocrática impermeable al clientelismo. Los políticos corruptos sobreviven en sus cargos gracias a que ofrecen bienes particularizados a miembros de redes clientelares, ya sean legales, como puestos en la Administración pública, o ilegales, como tratos de favor en contratos públicos. Los países donde los políticos corruptos se consolidan a perpetuidad en el cargo suelen tener términos específicos -padrino, cacique, o jao pho (en Tailandia)- reservados para designar a los cabecillas de las redes clientelares que distribuyen trabajos en la Administración, accesos preferenciales a servicios públicos, contratos públicos o licencias de negocios. Los políticos corruptos exitosos electoralmente son aquellos que, cuando llegan al poder, no llegan solos sino que son capaces de colonizar la Administración pública con los miembros de una red clientelar. Y en España es bastante sencillo. Por el contrario, la fortaleza de los cuerpos de la Administración central del Estado impiden que ésta pueda ser politizada. Esto explicaría el misterioso caso de la trama Gürtel, que se gesta al comienzo de la era Aznar y que extiende sus tentáculos en numerosos municipios y comunidades autónomas, pero que no logra contaminar una sola institución de la Administración central del Estado. Las diferencias entre la relativamente incorruptible Administración central española y la relativamente corruptible italiana, tradicionalmente mucho más politizada, podrían explicarse también por la ausencia en esta última de una burocracia central resistente al clientelismo político.

El segundo mecanismo sería el sistema electoral. Por una parte, votar a candidatos individuales es mejor que a listas de partido cerradas, porque aumentan los incentivos a comportarse honestamente. Si los votantes te pueden echar a ti directamente, intentarás mantener tu reputación intacta. Esta es una característica buena de los sistemas electorales denominados “mayoritarios” (como los anglosajones) y que nosotros no tenemos, pues votamos a una tribu entera. Por otra parte, la falta de responsabilidad individual se compensa en muchos países europeos -que, como nosotros, tienen sistemas electorales denominados “proporcionales”- con un instrumento para limpiar la política de partidos corruptos: diseñar circunscripciones electorales que elijan simultáneamente a muchos representantes. En otras palabras, en esos países hay pocas “barreras de entrada” para que una opción política nueva pueda entrar en la vida política, pues incluso un modesto porcentaje de voto te garantiza representación. Esa característica está muy limitada en España, donde abundan las circunscripciones electorales minúsculas y los incentivos para favorecer el bipartidismo. En resumen, a la hora de limpiar las instituciones de políticos corruptos tenemos lo peor de cada sistema electoral: ni candidatos a los que podemos castigar individualmente (como sucede en los sistemas mayoritarios) ni la opción de dirigir el voto hacia alternativas nuevas o minoritarias (como sucede en los sistemas verdaderamente proporcionales).

En tercer lugar, disponer de medios de comunicación independientes juega un papel clave para que la corrupción tenga efectos electorales. En España tenemos una gran pluralidad externa (entre medios de comunicación), pero la pluralidad interna (dentro de cada medio) es limitada. El extremo opuesto sería el mundo anglosajón, donde la pluralidad externa es mucho menor, pero a costa de una mayor pluralidad interna. Así, nosotros podemos elegir entre un mayor número de medios, pero estos medios ofrecen un mensaje más monolítico. El mayor paralelismo entre medios de comunicación y partidos políticos que existe en España hace que, al contrario que en otros países, las noticias de corrupción se perciban como el resultado de intereses políticos encubiertos. Podemos discutir cuáles son las causas -aunque, la alta discrecionalidad política que tienen los Gobiernos, sobre todo autónomos, para moldear a su imagen y semejanza canales públicos regionales y para asignar subvenciones, licencias de radio y televisión u otras vías de subsistencia a grupos privados de comunicación es una seria candidata-.

Por tanto, si los dirigentes políticos españoles estuvieran realmente interesados en eliminar la corrupción, deberían proponer tres acciones opuestas a las que han estado implementando en los últimos años y que, en un ejercicio de ignorancia o de cinismo, siguen postulando hoy día como solución. En lugar de “prestigiar la política”, deberían aspirar a prestigiar la Administración. Y enfatizo que eso no nos acercaría al franquismo, sino a las democracias más avanzadas. En lugar de dar más fuerza a los partidos, deberían dar más peso a los políticos individuales. Y en lugar de fomentar una pluralidad externa y sectaria de los medios de comunicación, deberían mimar la pluralidad interna. O esto o, sin ánimo de ser Casandra, nos deberíamos ir preparando para una tragedia griega.

VÍCTOR LAPUENTE
EL PAÍS – Opinión – 04-05-2010

El franquismo en la ESO

Que el conocimiento de nuestra historia contemporánea sigue siendo pasto de tergiversaciones no le es ajeno a quien conozca el éxito de los best sellers del revisionismo franquista. Es un síntoma de que algo ha fallado, de que la investigación académica no ha calado hasta los niveles básicos de la enseñanza, allí donde la mayoría de los ciudadanos adquiere el conocimiento de su historia reciente. Es como si, frente a los avances en la Biología, en las aulas continuasen enseñándose los preceptos del creacionismo.
La publicación del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia no deja de ser un caro monumento a una historiografía caduca y a la egolatría de alguno de sus inspiradores. Tampoco es la primera vez que la vetusta institución rinde un servicio al conservadurismo rancio: durante el aznarato proporcionó munición para la renacionalización del currículum escolar, supuestamente amenazado por los localismos y la disolvente pedagogía moderna. Fue la época en que alguien del Ministerio de Educación se lució afirmando que en las clases de Historia había que enseñar quién, dónde, cómo y cuándo, pero no las razones, que son controvertibles.
Lo peor no es lo de la Academia. Más preocupante es lo que ocurre en la enseñanza obligatoria. En la actual ordenación de la ESO, la Historia reciente se imparte en el último curso. Tres horas semanales no son suficientes para completar un temario que abarca desde el siglo XVIII hasta hoy. En la práctica, es probable que muchos estudiantes estén abandonado la escolarización sin un conocimiento adecuado de las raíces de la sociedad en que se insertarán como ciudadanos activos. Los libros de texto son una herramienta habitual en el aula. La mayoría se acogen a un modelo teleológico, en el que los acontecimientos se encadenan para conducir a un final previsible. La República y la Guerra Civil van emparejadas en una misma unidad didáctica. La República queda connotada como un periodo conflictivo cuyas contradicciones desembocan fatalmente en tragedia: “Se produjeron oleadas de huelgas, quemas de iglesias y enfrentamientos armados entre falangistas y militantes de las organizaciones obreras”, dice el manual de Santillana, mezclando el legítimo ejercicio de un derecho constitucional con manifestaciones de piromanía anticlerical y actos terroristas. Muy al estilo de los discursos coetáneos de Gil Robles al que, por cierto, se rebaja de categoría: según Santillana y Oxford, era Calvo Sotelo, con 12 escaños frente a los 88 de la CEDA, el auténtico “líder de la derecha”. Pitágoras no habría entendido nada.
Se emplea “bando” para referirse a las partes en guerra, como si el gobierno legítimo y los sediciosos estuviesen en plano de equivalencia. ¿Sería aceptable una lectura del 23-F que lo describiera como el choque los bandos de Milans-Tejero-Armada, y el monárquico-constitucional? ¿Aceptaría la derecha democrática que la figura de Suárez fuera pintada con los trazos con que le caracterizó el búnker? Entonces, ¿por qué aceptar que, según el manual de Vicens Vives: “Juan Negrín formó un nuevo gobierno (…) con una fuerte influencia comunista” (aunque el PCE tuviera las mismas dos carteras –2 de 11– que el anterior)? Anaya remata: “El Gobierno estuvo dirigido hasta 1937 por el socialista Francisco Largo Caballero, y desde entonces por el comunista Juan Negrín”. Sic.
Con la cesura entre Guerra Civil y franquismo, este queda exonerado de su origen. Como si el franquismo no hubiera sido siempre el “Estado del 18 de julio”, la continuación de la Guerra Civil por otros medios. Sin embargo, según los manuales, tras una fase de aislamiento, implantó el desarrollismo gracias a su alianza con los EEUU y al despliegue, según Anaya, de iniciativas harto incomprensibles: “La democracia orgánica se impuso a partir de 1942 (…) Restablecía organismos propios de una democracia, pero sin un funcionamiento democrático” (¿?). Más claramente, el libro de Mc Graw Hill fija los hitos que hicieron eclosionar la democracia desde el seno del propio sistema: “El crecimiento económico sirvió para legitimar y reforzar al régimen, que poco a poco fue iniciando una reforma política, aunque muy tibia: La Ley Orgánica del Estado (1967) parecía suavizar la dictadura; la Ley de Prensa (1966) posibilitó el inicio de cierta libertad de expresión; desde 1965 la huelga dejó de estar tipificada como delito (…) La culminación de este aperturismo fue el nombramiento de Don Juan Carlos, en 1969, como sucesor de Franco a título de Rey”. Colorín, colorado.
Episodios fundamentales de la memoria democrática quedan invisibilizados. Poco o nada leerán los estudiantes sobre exilio, maquis, resistencia en Francia, españoles en los campos nazis, cárceles y trabajos forzados, ejecuciones sumarísimas, depuración del magisterio, leyes de excepción y tribunales especiales, clandestinidad, persecución de otras religiones y de la objeción de conciencia, Ley de Peligrosidad Social, censura moral e intelectual, violencia en la Transición, temas que deberían ser de obligado conocimiento para la correcta valoración del precio al que se consiguieron las libertades democráticas. Los docentes deberían asumir la tarea de desvelar a los ciudadanos de mañana la realidad de nuestro pasado reciente. Es un imperativo no ya historiográfico, sino cívico.

FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

03 jun 2011
Diario Público
Fernando Hernández Sánchez es profesor asociado
de la Facultad de Formación del Profesorado de la UAM

El altar del dios desconocido

En el desconcierto de nuestros días siempre resurge la misma duda: ¿estamos ante un nuevo Renacimiento o ante una nueva Edad Oscura? Los más pesimistas no tienen dudas con respecto a la inminencia de un tiempo tenebroso, y ven en signos e indicios el anuncio inminente de la catástrofe, en tanto que los más optimistas -o simplemente menos pesimistas- se tranquilizan presagiando una era dorada, gracias especialmente a la ciencia y a la técnica. Lo cierto es que hay argumentos para reivindicar ambas posiciones, y quizá esto sea lo propio de cada época y de cada presente: la ambigüedad extrema del futuro y la imposibilidad de formular profecías, a no ser que uno se ampare en doctrinas religiosas o ideológicas, que siempre tienen una perspectiva visionaria del porvenir.

Bajo la advocación de un dios -fuera este de la religión o de la ideología-, el hombre se atreve al pronóstico porque la doctrina que abraza necesariamente le reclama un futuro mejor, cuando menos a largo plazo (el cristianismo ofrecía la salvación; el comunismo dibujaba la igualdad; la Ilustración se consolaba de las penurias del presente con promesas de libertad y progreso). El problema surge cuando el dios está ausente, y el altar vacío. Cuando los templos, también laicos, están deshabitados, como sucede en nuestros días, el pronóstico se hace imposible. ¿A qué juego vamos a apostar si ni siquiera sabemos las reglas del juego? Cuando el altar está vacío podemos, como máximo, adorar a los ídolos del presente -en los estadios, por ejemplo, o en los festejos lúdicos-, pero nos representa una gran temeridad, o nos produce una insoportable pereza, ir más allá de esto. Y esta indolencia, esta apatía, para bien o para mal, nos deja indiferentes ante lo que pueda suceder en un futuro siempre demasiado lejano y con escasas ilusiones de intervención en su modelaje.

Si nos interesara el pasado -que tampoco nos interesa demasiado, en estricta simetría con nuestro desinterés por el porvenir- descubriríamos hasta qué punto es decisivo el tipo de dios que ocupará el altar vacío. Porque de lo que no hay duda es de que siempre hay un dios desconocido que acaba ocupando el trono de los viejos dioses.

Hace 2.000 años Pablo de Tarso vio esto con una claridad difícil de superar. Entre sus muchos méritos el mayor era la capacidad de observación, fruto de su extraordinaria energía nómada. San Pablo, como todo observador lúcido de un mundo en transición, sabía que las ideas y los mitos circulaban con las caravanas y se discutían en las tabernas y posadas del camino. No hubo caminante capaz de competir con Pablo de Tarso, de quien se calcula que entre la conversión al cristianismo, cuando se dirigía a Damasco, y su martirio en Roma recorrió 30.000 kilómetros. De la Arabia profunda a Macedonia, de Corintio a Roma, y según alguna leyenda también a España. Viajaba casi siempre a pie, solo o con algún discípulo, a un promedio de 30 kilómetros por día.

San Pablo, hombre de convicciones firmes, no era un gran orador, pero al parecer, con su actitud y su fe, tenía una enorme capacidad de persuasión. Se impuso en las ciudades de Oriente Medio y Asia Menor. Sin embargo, tuvo grandes dificultades en Atenas. Konstantino Kavafis, en un precioso poema, ha evocado el enfrentamiento entre el predicador cristiano y los filósofos atenienses. Aunque Atenas era ya tan solo una pequeña ciudad de provincias del Imperio Romano seguía contando con potentes escuelas estoicas, epicúreas y cínicas. Los filósofos, grandes argumentadores, desarmaban al infatigable Pablo.

Hasta que este tuvo una ocurrencia genial: recordó haber visto, a las afueras de la ciudad, el altar al dios desconocido. En realidad, en la antigua Grecia, este tipo de altares no eran insólitos y en ellos se conmemoraba a los dioses sin nombre propio, un poco como en nuestra Fiesta de Todos los Santos o en nuestra Tumba al Soldado Desconocido. Pero Pablo se agarró a lo que le pareció una oportunidad y explicó que él, precisamente, anunciaba la venida de aquel dios desconocido. La estratagema surgió, al parecer, cierto efecto entre los oyentes y, aunque san Pablo abandonó Atenas sin el predicamento obtenido en otras ciudades, había logrado colocar la piedra angular del edificio en construcción. El altar estaba vacío pero pronto se llenaría con un nuevo dios que despertaría el entusiasmo de las multitudes.

Antes que Kavafis, otro poeta, Giacomo Leopardi, se había preguntado cómo una doctrina del talante de la cristiana, mucho menos sofisticada que la clásica, había terminado por imponerse en todo el Imperio Romano, y cómo fervorosos pero poco avezados predicadores, encabezados por Pablo de Tarso, habían desplazado a maestros de la palabra y del discurso de la talla de los filósofos griegos.

La respuesta la da el propio Leopardi: este mundo -el de los filósofos griegos-, pese a su decadencia imparable, era todavía brillante pero carecía de lo que el poeta italiano califica como valores de ilusión. En otras palabras, estaba falto de fuerza en medio de su exquisitez. Era un mundo sin ilusión, sin mística, la refinada sombra de una grandeza perdida. No estaba en condiciones de hacer frente a una invasión espiritual entusiasta.

Por el contrario, al mundo predicado por san Pablo, tosco en muchos aspectos, le sobraba entusiasmo y era capaz de ofrecer a la multitud el espejismo de la salvación. Tenía valores de ilusión, tenía fuerza: podía hacerse con el altar del dios desconocido. Lo ocuparía durante los 2.000 años siguientes, si bien en una parte de este periodo tuvo que compartirlo con otras ideologías que se presentaron como nuevos dioses. Las utopías sociales o ilustradas, por ejemplo.

Hoy día da la impresión de que las cosas han vuelto al punto en que las encontró el infatigable viajero Pablo de Tarso cuando, al acercarse a Atenas, divisó el altar del dios desconocido e interpretó, con razón, que el trono estaba vacío. Ninguna fuerza crea valores de ilusión, acaso con la excepción de la codicia; pero la codicia, por sí sola, únicamente reproduce el baile alrededor del Becerro de Oro al ritmo de un frenético presente continuo.

En el horizonte, aparentemente, no hay pretendientes capaces de ocupar el altar vacío. Podría suceder que el altar ya se hubiera quedado vacío para siempre y que nos hayamos adentrado en una humanidad ajena a las ilusiones, por apatía, por escarmiento o por sano escepticismo.

Sin embargo, también es posible -y probable- que ahora mismo, a pesar de nuestra ignorancia al respecto, se esté incubando el nuevo aspirante a ocupar el altar del dios desconocido. Y que de la naturaleza de ese dios dependa que nos encaminemos a una Edad Oscura o pongamos rumbo hacia un Renacimiento.

RAFAEL ARGULLOL
El Pais
16/04/2011

Moody’s “amb la llei”

Moody’s critica la sentencia que avala la liquidación de la hipoteca al devolver el piso

La agencia de calificación de riesgos dice que la decisión de la Audiencia de Navarra es “contraria” al ordenamiento jurídico

La agencia de calificación Moody’s se ha pronunciado sobre la decisión de la Audiencia de Navarra que avala que devolver una casa suponga la liquidación de la hipoteca. Y lo hace para posicionarse del lado de los bancos. Advierte que los inversores en bonos hipotecarios temen un incremento de los impagos y la pérdida de valor de estos activos por la caída del precio de los inmuebles.

La firma de evaluación de riesgos considera, sin embargo, que la sentencia del juez de Navarra es un caso particular y que no se adoptará en otras situaciones similares, ya que no sienta jurisprudecia. Afirma, además, que es “contraria” al reglamento español sobre hipotecas y que “contradice muchas otras decisiones” sobre el mismo asunto.

Moody’s remite al artículo 105 del reglamento jurídico hipotecario para defender que “devolver las llaves” no significa la cancelación del crédito, e incide en que el prestatario es responsable personal de cualquier deuda que restara abonar tras la devolución del inmueble.

La agencia critica la posición del juez, cuando este sostiene que son los bancos los que valoraban las hipotecas en exceso y que sus malas prácticas han provocado la crisis financiera internacional. Moody’s anima en su comunicado a que “los bancos reclamen contra cualquier decisión contraria a la ley”. Para terminar, advierte que revisará su calificación sobre las hipotecas españolas “en el improbable caso de que esta sentencia siente un precedente”.

EL PAÍS – Madrid – 31/01/2011

La Verdad sobre el Mercado Eléctrico

Me hago eco de un buen artículo de Jumanji Solar, dirigido como campaña de conocimiento al ciudadano. Espero que os guste:

La Verdad sobre el Mercado Eléctrico

Los constantes llamamientos sobre la necesidad de aplicar subidas estratosféricas a los precios de la electricidad nos están ayudando a digerir los incrementos que nos aplican cada semestre. Supuestamente, estamos pagando la luz por debajo de su valor por culpa del “déficit tarifario”, o de las Energías Renovables. Pero… ¿qué hay de cierto en esto? Un estudio más en profundidad de los acontecimientos nos lleva a conclusiones bien distintas, y cuanto menos preocupantes.

Esta exposición resume la situación que estamos padeciendo los ciudadanos y empresas consumidores de electricidad. La demostración de todos los hechos puede consultarse en los artículos referenciados al final.

En los albores del siglo XXI, el Gobierno que por aquel entonces presidía la Nación tomó una medida dirigida a mejorar la competitividad de las empresas españolas, a contener la inflación para cumplir con los parámetros exigidos por la incorporación a la Moneda Única, y también, por qué no decirlo, con un claro trasfondo electoralista: congelar las tarifas de venta de la electricidad a los consumidores durante años. Cuán desafortunada fue esa política…

Las tarifas de venta reguladas congeladas, y los costes de generación y los peajes de acceso en aumento, superiores incluso a los precios de venta, empezaron a gestar una gran bola de nieve que se fue retroalimentando año tras año generando una deuda que hoy conocemos como “déficit de tarifa”, que fuimos contrayendo los consumidores con las Compañías Eléctricas, y que no deja de crecer, intereses de demora incluidos.

Antes incluso de todo esto, se publicó en España la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997) atendiendo a un proceso de liberalización que venía impuesto desde Bruselas. Las Empresas Generadoras de Electricidad con fuentes energéticas convencionales (nuclear, hidroeléctrica y carbón) convencieron al regulador de que los precios de venta en el Mercado Mayorista bajarían imposibilitando la recuperación del capital inicial invertido.

El Gobierno creó entonces una partida de costes que se incluyó en la tarifa eléctrica de venta con el fin de dar estabilidad financiera a estas grandes corporaciones y resarcirlas de las posibles pérdidas que generarían las centrales eléctricas construidas antes de 1997. Los Costes de Transición a la Competencia (CTC) permitirían amortizar completamente todas las inversiones realizadas, estableciéndose un pago máximo total de 8.600 Millones de Euros. Pero lejos de bajar, los precios de mercado se incrementaron. Esto llevó al Gobierno a cancelar anticipadamente en 2006 esta medida, con un importe total pagado por este concepto cercano a los 12.000 Millones de Euros, muy por encima del máximo estipulado.

El negocio fue redondo para las Eléctricas, amortizaron aceleradamente todos estos activos, y además se beneficiaron de un superávit que incomprensiblemente jamás nos fue restituido a los consumidores.

Mientras todo esto acontecía, lo que erróneamente se viene denominando “déficit tarifario” seguía creciendo y creciendo. El volumen alcanzado es tal, unos 15.000 Millones de Euros acumulados en 2009, que estas Compañías lo han utilizado con fuerza para presionar al Gobierno de turno, beneficiándose de “favores” en forma por ejemplo de concesiones de prórrogas de explotación de centrales hidroeléctricas y nucleares. Estas instalaciones intensivas en capital, y que están completamente amortizadas de forma acelerada con el importe recaudado por los CTC, se convirtieron en el negocio del siglo. Los costes de generación se limitan a su partida variable imputable, esto es, 3 €/MWh para la electricidad hidráulica, y 18 €/MWh para la nuclear, cuando deberían ser de 39 €/MWh y 44 €/MWh respectivamente considerando sus costes de amortización.

¿Cómo pueden entonces decirnos que existe un “déficit de tarifa” cuando en nuestras facturas de la luz pagamos el MWh a más de 110 €? Claro que soportamos los peajes de acceso además de los costes de generación, pero… ¿tan elevada es la diferencia? Y aquí es realmente donde empieza el festival de beneficios caídos del cielo que obtienen las Compañías Eléctricas amparadas por el nefasto diseño de un Mercado monopolizado oculto bajo el paraguas de una falsa liberalización.

Para hacer más comprensible la exposición, comparemos el Mercado Eléctrico con el de la fruta. Un agricultor cultiva patatas en Galicia, y otro mangos en Granada. Ambos envían su producción a un mercado mayorista, Mercamadrid por ejemplo, donde se subasta el género entre los distribuidores, que se encargan de suministrarlo a las tiendas que lo venden al por menor para que podamos consumirlo los clientes finales. El Mercado Eléctrico funciona de forma similar, las Empresas Generadoras venden su producción eléctrica en el Mercado Mayorista (denominado “pool”) a las Distribuidoras, que hacen llegar a su vez el producto a las Comercializadoras para venderlo al usuario final.

No obstante, existe una salvedad… No es lo mismo una patata que un mango, pero la electricidad es un producto idéntico independientemente de la tecnología que se haya utilizado para su generación. Para que esta ejemplificación tenga lógica, deberemos considerar que a los consumidores nos es indiferente consumir patatas que mangos. De producirse este hecho, por lógica empezaríamos por adquirir las patatas que son mucho más baratas, y cubriríamos la demanda sobrante con mangos.

Pero… ¿qué sucedería si el precio de venta de todos los productos intercambiados en Mercamadrid lo estableciese el último vendido (el más caro de entre los más baratos)? Pues que estaríamos pagando las patatas a precios de mango, con el consiguiente aporte de beneficios sobrevenidos al agricultor gallego. Esto en principio no tiene sentido en un mercado competitivo, pero es precisamente lo que sucede actualmente en el Mercado Eléctrico.

Los consumidores demandamos electricidad de un sistema que no la acumula (se produce en cada momento en función de la cantidad demandada). Las primeras tecnologías en entrar en el “pool” (Mercado Mayorista donde se venden y compran los kWh producidos) son la nuclear e hidroeléctrica, que no se pueden parar, y las Renovables por Ley. En la mayoría de los casos la producción de estas centrales no alcanza a cubrir íntegramente la demanda, y se completa la oferta con electricidad proveniente de centrales basadas en otras tecnologías de generación, priorizando las más asequibles. Y es el último kWh vendido el que fija el precio de venta en el Mercado Mayorista para toda la electricidad comercializada. Es decir, la electricidad hidráulica y nuclear, cuyos costes fueron reducidos artificialmente con los CTC, se está vendiendo a precios de la generada con Gas Natural, mucho más cara, que incorpora además en su escandallo de costes partidas como los Derechos de Emisión de CO2 de las que se benefician las dos primeras tecnologías no emisoras.

Regresemos nuevamente a Mercamadrid. Supongamos ahora que las patatas al por mayor realmente cuestan 30 c€/Kg y los mangos 150 c€/Kg, la distribución de ambos 20 c€/Kg, a lo que habría que añadir otros 10 c€/Kg en concepto de gastos varios.

* PVP Total patatas = 30+20+10 = 60 c€/Kg.
* PVP Total mangos = 150+20+10 = 180 c€/Kg.

Supongamos además que el Precio de Venta al Público de estos productos está regulado y fijado en 160 c€/Kg (130 c€/Kg de coste del producto más distribución y gastos varios) en lugar de los 180 c€/kWh que deberían costar las frutas tropicales. Puesto que el precio en Mercamadrid lo fija el último producto vendido, es decir el mango, los productores granadinos están perdiendo 20 c€ por cada kilogramo vendido. Pero el gallego, que es muy listo, argumenta que puesto que a Él también se le imputan unos costes de 150 c€/Kg pero vende a 130 c€/Kg, se le está creando un déficit generado por la tarifa regulada de 20 c€/Kg, cuando la lógica nos dice que en realidad está ganando 100 c€/Kg.

El regulador no obstante se apiada nuevamente del pobre gallego y acepta que se le adeuden esos 20 c€/Kg. Cuantas más patatas vende este agricultor más gana, además de incrementar el importe de lo que se le adeuda. ¿Y quién le debe esos 20 c€ que se generan con cada kilogramo que vende? Pues la pobre señora pensionista que compra las patatas en el supermercado de la esquina. Cada vez que Mercamadrid abre sus puertas, esta señora le debe más dinero a un agricultor que no conoce de nada y que vive a 700 Km de distancia. A esta señora el regulador le carga además los intereses de demora olvidando que en el pasado le obligó a pagar de su propio bolsillo los tractores utilizados para labrar la tierra, con el agravante que una falta de previsión generó un excedente de tesorería que permitió al agricultor comprarse un Mercedes Clase S negro con asientos de cuero.

Y ahora llega la crisis. Toca apretarse el cinturón y a la señora le imponen muchos esfuerzos incluida la congelación de su pensión. Pero el agricultor del norte se desentiende completamente, esto de la crisis no se ajusta a su raciocinio. Se ha acostumbrado a su nivel de vida, y a base de lloros, amenazas y coacciones, transmite al Gobierno de turno que es la verdadera víctima del sistema. La señora pensionista tiene que soportar además la tremenda losa que supone la deuda que en realidad no ha contraído, pero al desconocer los mecanismos del mercado, es engañada, no quedándole otra alternativa que dar credibilidad a esta situación y acatar sus consecuencias. Lástima que tampoco sepa que esta deuda artificial que ha contraído equivale en términos monetarios al sacrificio que la situación financiera exige a la sociedad al completo.

Pero esto no es lo único que se le escapa a la pobre señora. Resulta que el agricultor granadino, el gallego, todas las empresas distribuidoras que compran el género en Mercamadrid y que tienen una completa flota de camiones, y la tienda que vende la fruta pertenecen a un mismo Cártel que acapara la cadena de valor al completo.

En un determinado momento entra en escena un agricultor de Almería ofertando un producto mucho más sabroso, pero con el único inconveniente de ser más caro. Por supuesto el precio supone un problema, pero este nuevo actor está demostrando que tiene una gran capacidad para reducir sus costes muy rápidamente. Sin la menor dilación, el Gran Jefe del Cártel que controla el mercado con mano de hierro ve peligrar su oligopolio, y le entran las prisas por recuperar ese “déficit” regulatorio generado artificialmente, y culpa al recién llegado de todos sus males, achacándole incluso situaciones creadas antes de su irrupción en el sector. Y el Gobierno de turno, por enésima vez, vuelve a creerse todo lo que el Gran Jefe del Cártel le cuenta, y decide atacar con todas sus fuerzas a este señor de Almería que amenaza con desplazar una oligarquía montada sobre unas bases regulatorias cuya finalidad era la liberalización del mercado.

Se trata tan solo de un ejemplo. Que no se enfaden los agricultores, ni los gallegos cuya sangre circula por mis venas, ni mis paisanos granadinos. Sólo he pretendido ilustrar y simplificar al máximo lo que actualmente está sucediendo en el Sector Eléctrico.

Los consumidores de electricidad tenemos que soportar una deuda ficticia con las Compañías Eléctricas generada por defectos en el diseño del Mercado, avalarla con nuestro patrimonio (el Estado), y hacernos cargo de sus intereses de demora. El llamado “déficit tarifario”, que no es más que un déficit regulatorio creado artificialmente, asciende a día de hoy a 15.000 Millones de Euros, que es precisamente el importe que el Gobierno pretende recortar de los gastos con su Plan de Ajuste estos dos próximos años. Este endeudamiento además va a seguir creciendo como mínimo hasta 2013, por un valor estimado en otros 9.500 Millones de Euros.

Y por si fuera poco, las Compañías Eléctricas, con todos sus tractores pagados por nosotros en exceso, siguen vendiendo las patatas a precio de mangos, obteniendo unos enormes beneficios caídos del cielo (Windfall Profits en inglés, beneficios sobrevenidos en castellano) por valor de más de 3.500 Millones de Euros anuales.

Nos han inculcado que “hay que pagar por la electricidad lo que realmente cuesta” y que “las Energías Renovables disparan su precio”, todo ello para justificar incesantes y escabrosas subidas de la luz. Comparto la primera afirmación, pero una correcta estimación de los costes de generación implica necesariamente un rediseño del Mercado Eléctrico, puesto que en la actualidad la subida de tarifas perjudica enormemente a los consumidores, genera beneficios sobrevenidos a las Eléctricas, y no refleja el auténtico precio que tendría este bien en un mercado competitivo.

En cuanto al importe pagado en concepto de primas a la actividad de generación en Régimen Especial (Renovables excepto las grandes Centrales Hidroeléctricas, Cogeneración, y tratamiento, reducción y utilización de Residuos), no es más que un incentivo a la producción eléctrica independientemente de la tecnología utilizada. Pero nuevamente el erróneo diseño del mercado no traslada sus efectos al consumidor final.

La falta de preocupación y un deficiente control del Sector Financiero desembocaron en la penosa situación que estamos viviendo. Tarde y mal, ya se están tomando medidas. Pero existe aún un sector que campa alegremente favorecido por la regulación, al que no afectan las crisis, ni las variaciones en la demanda del producto que comercializa, y que se mantiene al margen de los esfuerzos y compromisos que obligan los Planes de Ajuste llevados a cabo por los diferentes Estados. Se trata del Sector Eléctrico, mimado hasta el extremo por todos los Gobiernos, con independencia de su color.

Se está produciendo una transferencia de renta encubierta de los consumidores a las grandes Compañías Eléctricas por valor de decenas de miles de millones de Euros. Esto nunca debió de ser así, y no puede prolongarse por más tiempo. Ha quedado sobradamente demostrado que “correr un tupido velo” no desemboca en nada bueno.

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Fernando Gómez Hermoso
7 Octubre, 2010

Llei d’infraestructures crítiques

Una ley protege 3.500 instalaciones contra catástrofes o ciberterrorismo
El Congreso obliga a poner en marcha planes de seguridad

Mientras los fallos en seis reactores de la central de Fukushima ponen a Japón en grave alerta nuclear y se debate sobre sus medidas de seguridad, el Congreso de los Diputados español aprobó ayer por unanimidad la llamada Ley de Infraestructuras Críticas.

Mientras los fallos en seis reactores de la central de Fukushima ponen a Japón en grave alerta nuclear y se debate sobre sus medidas de seguridad, el Congreso de los Diputados español aprobó ayer por unanimidad la llamada Ley de Infraestructuras Críticas. Es una norma que establece los procedimientos para proteger las más de 3.500 instalaciones del país que, si dejaran de funcionar, ya sea por un desastre natural o actos de sabotaje o terrorismo, pondrían en grave peligro servicios esenciales para la ciudadanía y, en algunos casos, el propio funcionamiento del país: centrales nucleares, hidroeléctricas, estaciones de tren, aeropuertos y compañías de agua, electricidad o gas. Una crisis en uno de estos sistemas puede provocar, además, una reacción en cadena: en Japón, la caída del suministro eléctrico afectó gravemente al funcionamiento de Fukushima.

La norma está escrita en términos casi de película de ciencia ficción. Se habla del Catálogo, el Sistema, la Comisión, los Planes de Apoyo Operativo, los Planes de Seguridad del Operador… En primer lugar, identifica los sectores estratégicos para el país, 12 en total: espacio, Administración, industria nuclear, industria química, agua, energía, salud, tecnologías de la información, instalaciones de investigación, transporte, alimentación y sistema financiero y tributario. Después, señala los responsables de hallar los puntos vulnerables de cada uno de los sectores y de las infraestructuras críticas, de diseñar los sistemas de seguridad y de controlar su puesta en marcha.

Cada uno de los sectores queda en la órbita de uno o varios ministerios u organismos. La supervisión general le corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, encargada de decidir qué se incluye en el catálogo nacional de infraestructuras “estratégicas” y cuántas de ellas son, además, “críticas”, indispensables para que el país no se sumerja en el caos. La norma otorga rango legal al Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, creado en 2007, y que aprobó un catálogo inicial de 3.500 instalaciones a proteger.

La ley incorpora al ordenamiento español una directiva europea de 2008. Obliga a que haya un plan de seguridad para cada sector y planes de protección específica para cada infraestructura. Además, la policía -nacional o autonómica- debe elaborar “planes de apoyo operativo” para vigilar que las medidas se llevan a cabo de forma adecuada.

“Ahora hay sectores muy protegidos, como el nuclear, pero en otros queda mucho por hacer”, afirma Ramón Moles, director del Centro de Investigación en Gobernanza del Riesgo de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Es el caso de la energía, las telecomunicaciones y los transportes, de forma que es útil que haya una obligación legal como esta. También es importante que los planes tengan en cuenta el factor humano como fuente de problemas; no hay más que ver lo que causó la huelga de controladores aéreos”.

MÓNICA CEBERIO BELAZA
Madrid
17/03/2011

Mercenario negro, contratista blanco

Quizá por casualidad, quizá no, la prensa occidental ha llamado desde el primer día mercenarios a los mercenarios negros que operan en Libia al servicio del gobierno de Gaddafi. Lo son, así que, ¿por qué llamarlos de otro modo?

Esta claridad de términos contrasta sin embargo con la ambigüedad empleada por cierta prensa europea y estadounidenses para referirse a las decenas de miles de mercenarios que han campado o campan a sus anchas en países como Afganistán o Irak.

A los mercenarios que trabajan en estos países se les llama contratistas o personal armado privado, quizá porque muchos son blancos, tienen uniformes sofisticados, gafas de sol último modelo, armamento muy cualificado y están contratados por empresas occidentales o por el propio ejército estadounidense, que cuenta con algunos departamentos ya cuasi privatizados.

En Afganistán 19.000 mercenarios trabajan al servicio del Ejército estadounidense. En Irak, son 7.000 los contratados directamente por Washington. En ambos países hay miles de mercenarios más contratados por empresas privadas occidentales.

En Irak llegaron a operar más de 170.000 mercenarios, un número que superaba a las tropas estadounidenses, que sumaban por entonces 160.000.

Algunas de las compañías que se dedican a proporcionar personal armado privado son: ArmorGroup, Blackwater (ahora llamada Xe), Control Risk, Erinys, DynCorp, Triple Canopy, o Aegis Defence Services. Han operado en países como Irak, Afganistán, Bosnia, Sudán, Bahrein, Kenia, Nigeria, Congo, Bolivia, Somalia, Angola, Haití, Colombia, Kosovo, Kuwait, Venezuela, Yemen, Ecuador o Israel.

Los contratistas han matado a civiles, han aterrorizado a poblaciones enteras. Pero se les llama contratistas.

Contratista, según la RAE, es la persona que por contrata ejecuta una obra material o está encargada de un servicio para el Gobierno, para una corporación o para un particular. Pocos eufemismos tan claros como éste.

Han tenido que venir los mercenarios negros para que en nuestras sociedades nos animemos al fin, sin temor, sin rodeos, directos al grano, a llamar a los mercenarios lo que son. Mercenarios.

Confiemos en que ahora que estamos al fin familiarizados con el término, no lo vayamos a olvidar en algún inocente cajón del vocabulario cuando de nuevo alguno de nuestros gobiernos blancos echen mano de uno de estos ejércitos privados de hombres armados para sembrar el terror, asegurar la exportación de ciertas materias primas en determinados países, o proteger los intereses que tenemos diseminados por este planeta, en el que solo hay fronteras para los pobres.

Olga Rodríguez
Periodismo Humano
Miércoles 16 de Marzo, 2011

La OMS ocultó que sus expertos en gripe A cobraron de farmacéuticas

El organismo no informó a los Gobiernos cuando les instó a reservar antivirales

La gestión de la pandemia de gripe A por la OMS fue poco transparente. Según un estudio del British Medical Journal , una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu.

La gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue poco transparente. Según un estudio del British Medical Journal (BMJ), una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Ese fue el informe que instó a los Gobiernos a apilar reservas de esos medicamentos, por valor de unos 6.000 millones de dólares (4.900 millones de euros). Las críticas del British Medical Journal se suman a las del Consejo de Europa, que recientemente también acusó a la OMS de opacidad, aunque por otra razón: que los 16 miembros del comité de emergencia que asesoró durante la crisis a la directora del organismo, Margaret Chang, son secretos.

Si la identidad de los 16 miembros del comité de emergencia se mantiene en secreto para evitar que los presione la industria, la medida es ingenua y contraproducente, alegan los expertos críticos con la OMS. Los nombres de Robert Webster, del Hospital Infantil de Memphis (Tenessee, EE UU) , o de Tasiro Masato, jefe de virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, deben ser secretos para muy pocos industriales. Y mantener sus nombres ocultos es justo lo que impide al resto del público fiscalizar sus nexos con las farmacéuticas.

Las pautas de la OMS que recomendaban a los Gobiernos almacenar Tamiflu y Relenza -los únicos dos fármacos antivirales eficaces contra el virus H1N1- fueron publicadas en 2004, y se apoyaban en publicaciones de los tres expertos ahora cuestionados. Estos tres científicos sí declararon sus lazos con la industria en sus papers (publicaciones científicas), pero la OMS no recogió esa declaración en el informe que entregó a los Gobiernos.

Los vínculos entre los científicos de la OMS y la industria fueron anteriores a 2004. Roche y Glaxo les pagaron por una serie de conferencias y consultas. También han intervenido en investigaciones pagadas por los laboratorios. Este tipo de vínculo es muy común. Los principales expertos intervienen en los ensayos clínicos financiados por la industria. Pero deben ser transparentes, y la OMS debió declararlos en su informe, según el BMJ.

La postura de la OMS es que los conflictos de interés son “inherentes a cualquier relación entre una agencia como la OMS y una empresa que persigue beneficios”. Lo mismo vale para los expertos que asesoran a la agencia y tienen “vínculos profesionales con las compañías farmacéuticas”. Pero el organismo negó ayer que la industria influyera en la gestión de la pandemia.

Ya en enero, el Consejo de Europa organizó una audiencia en Estrasburgo para analizar si la declaración de pandemia, emitida por la OMS en junio del año pasado, estuvo justificada vista de la escasa peligrosidad del virus. Pese a los temores iniciales, el H1N1 ha resultado menos letal que la gripe común de cada año.

La reunión, promovida por Wolfgang Wodarg -hasta poco antes presidente del comité de sanidad del Consejo de Europa- no sirvió de nada. Wodarg se reafirmó en que la OMS había exagerado los riesgos en colusión con big pharma, y la OMS se enrocó en que “pandemia es cuando un nuevo virus se difunde, y este lo es”, como dijo su número dos, Keiji Fukuda.

El H1N1 es un recombinante (un mestizo) reciente, con genes de un virus aviar, otro humano y dos porcinos. Causa en algunas personas enfermedades graves, pero su letalidad es baja en la población general. Los científicos no podían saber esto al iniciarse la crisis en México, cuando la mortalidad parecía alta. El criterio de la OMS para declarar una pandemia no es la letalidad del virus, sino su propagación. La OMS se limitó a aplicar su protocolo. Pero es el protocolo lo que cuestionan muchos expertos.

Poca gente había oído hablar de la OMS hace solo 10 años. La agencia de la ONU se ha convertido en un referente mundial debido a tres epidemias: el SARS, o neumonía asiática, en 2002 (800 muertos), la gripe aviar iniciada poco después (300 muertos) y la última pandemia de nueva gripe. En prevención de esta última, España compró 13 millones de dosis de vacuna, de las que se han usado solo dos millones.

El nuevo estudio crítico con la gestión de la OMS es una investigación del propio BMJ y del Bureau of Investigative Journalism británico. Los virólogos y epidemiólogos especializados en el virus de la gripe -el agente infeccioso más impredecible que se conoce- ya recomendaban a los gobiernos almacenar reservas de Tamiflu y Relenza antes de la aparición del H1N1, en prevención de cualquier posible pandemia de gripe.

JAVIER SAMPEDRO
El Pais
05/06/2010

Esa inocente coca-cola…

Llevamos un par de siglos dándole vueltas a la libertad de expresión frente a las instituciones y hemos llegado a unos grados de autonomía, irregulares y viciados, pero aceptables en ocasiones, donde la prensa y los medios de comunicación pueden criticar a la judicatura, al ejército, a la iglesia. Levemente por supuesto y según el principio hoy sagrado de la corrección política. Lo que aún no sabemos es dónde figuran los derechos de la ciudadanía frente a las grandes empresas, auténticas instituciones internacionales frente a las cuales una persona es menos que un ciudadano, es un consumidor; una nada que paga.

Ha tenido que ser en un país tan lejano como Canadá -que la subvenciona-, y en ciudad tan abierta y deslumbrante como Montreal -lugar en que viven los realizadores-, donde pude ver en un cine y a una hora normal un documental sorprendente. El Affaire Coca-Cola. No seríamos más de dos docenas en la sala pero al menos lo pude elegir porque lo anunciaban los diarios de la ciudad. (Nuestra vida cultural española conserva algo de viejos modelos de la clandestinidad. Para oxigenarse de la bazofia publicitada hay que ser amigo del que corta el bacalao alternativo o estar pendiente de lo que aparece en letra muy pequeña.)

El Affaire Coca-Cola comprime en 86 minutos las historias nunca contadas de las prácticas mafiosas y asesinas ejecutadas en las plantas embotelladoras del refresco. En Colombia, Centroamérica o Turquía. Ninguna broma que consienta tomársela como una palomita entre sorbo y sorbo de la espuma de la vida.

Van más de cuatrocientos los sindicalistas asesinados en Colombia por exigir sus derechos en las plantas embotelladoras de la multinacional Coca-Cola. Está realizado por el colombiano Germán Gutiérrez y la francesa Carmen García García, hija del exilio español. Germán tiene en su haber una auténtica joya del documental, realizado en el 2005 -¿Quién disparó a mi hermano?- donde en menos de dos horas pasa revista a la sociedad colombiana, con sus violencias, sus narcos, sus guerrilleros, sus políticos, y sus pobres y pacientes aldeanos. Todo a partir del atentado que sufrió Óscar Gutiérrez, hermano del realizador y único diputado de izquierda en la zona cafetera de Caldas. Unos sicarios le atravesaron la cara a balazos y sobrevivió, y allí sigue, dispuesto a demostrar que aún cabe la esperanza, o que quizá no cabe nada, salvo el coraje. Desconozco si en España se ha pasado alguna vez el filme ¿Quién disparó a mi hermano?, pero cuando tengan el privilegio de verlo, entenderán quizá por qué.

Ocurre y en mayor medida con El Affaire Coca-Cola.No conozco a nadie que haya visto este documental y no quede impresionado. Se proyectó en el Festival de Documentales de Barcelona y obtuvo el premio de TV3, que incluso lo compró para emitirlo. Aún nadie parece saber cuándo lo harán, por más que al premiarlo ya iba subtitulado en catalán. Sentiría que no fuera pronto porque esas cosas ganan en caliente. TV3, junto a la TV australiana, fueron las únicas que osaron adquirir este filme boicoteado por la más importante fábrica de publicidad del mundo. Me aseguran que lo emitirán en mayo en un festival de Málaga, y en octubre, en otro de Madrid, pero no es cuestión, creo yo, de montar viajes como cuando se iba a Perpiñán.

Los buenos documentales tienen algo que los convierte en pedagogía viva, por eso yo propondría que se proyectara en los colegios; sería bueno para la formación de los muchachos, porque oirían cosas que jamás han escuchado, ni siquiera imaginado. El pasado lunes se vio en la Universidad de Nueva York, aunque en este caso no tanto por cuestiones pedagógicas como porque probablemente sea la única sala capaz de proyectarlo. ¿Acaso hay mejor día que hoy, Primero de Mayo, símbolo ajado de la lucha obrera, para hablar de unos sindicalistas colombianos que negocian con los grandes abogados gringos, con ayuda del traductor, por supuesto? La colisión de dos mundos, un nuevo encuentro en la tercera fase en el que los caballeros del Imperio de la Coca-Cola no logran entender que unos pringados, que ni siquiera hablan su idioma, coloquen la memoria de sus luchadores muertos y de sus deudos, por encima de la plata que les ofrecen, y las becas, y el futuro garantizado para ellos y sus hijos… No lo pueden entender, y a nosotros mismos nos cuesta trabajo, porque hay algo de provocador, casi obsceno para los tiempos que corren, en esa honestidad sindicalista explicada como la mayor de las obviedades.

Si la pedagogía consiste en enseñarnos a vivir con dignidad, se dan en el documental varios cursos intensivos. Uno se reduce a la sesión informativa en la Cámara de los Representantes, Washington DF, del bisoño abogado de los sindicalistas, un joven gringo, gordito y voluntarioso, que ha de enfrentarse a los curtidos letrados lobbistas. Le descolocan hasta la humillación y el ensañamiento. “¿Es verdad que tiene usted un cartel del Che Guevara en su despacho?”. Un abogado así no es de fiar.

Otro es el debate entre los estudiantes de Economía de la Universidad de Chicago. La futura flor y la nata del mundo financiero. Chicos con acné y niñas pecosas convencidos de que el capitalismo es maravilloso porque da a cada uno la oportunidad que busca, y luego está el azar, la suerte de cada cual. ¡Qué nivel, qué cinismo del bueno! Porque hay cinismo con pedigrí y cinismo de alcalde en campaña electoral, hay clases.

Y qué decir del diálogo, digno de Beckett en Esperando a Godot,entre dos repartidores colombianos, con sus uniformes de la empresa y el logo bien visible, respondiendo a las preguntas de un entrevistador que parece bajado de la luna: ¿Quién pone los uniformes? Nosotros. ¿Quién paga el camión del reparto? Nosotros. ¿Quién abona las botellas que se reparten antes de venderlas? Nosotros. ¿Entonces qué pone la Coca Cola? Y ellos ríen, con esa risa de gente hecha a todo y un poco hartita de que le pregunten lo evidente. Pues, nada. La empresa no pone nada.

Dentro de las sugerencias, ya sé que escasamente probables, yo animaría a las prestigiosas escuelas de Formación de Futuros Empresarios que hay en Barcelona a que dedicaran unos minutos a las secuencias de la Asamblea de Accionistas de la gran Coca Cola. No sólo porque allí hay inversores que dicen cosas insólitas, por su sensibilidad y buen juicio, chocantes quizá para un accionista de este lado del océano, sino también por ese momento genial, sublime, merecedor por sí solo de ser resaltado y oscarizado como el premio al más desvergonzado de los instantes fílmicos. El presidente del Consejo, Mr. Isdell, un serio y locuaz caballero, responde a las responsabilidades de la empresa en los crímenes y amenazas a líderes sindicales. “Como antiguo líder estudiantil no consentiría algo así…”. Memorable.

Si excluimos un plano final que me parece no sé si fuera de lugar pero, al menos, innecesario – y el cine tiene eso, que todo lo que es innecesario puede ser demagógico-,fuera de eso, no hay un ápice de demagogia. Nunca la verdad es demagógica, sólo si se instrumentaliza; por eso el comparativo entre los sueldos del presidente de la compañía y el de los distribuidores de botellas me parece un error, porque hace a los espectadores gentes que necesitan que les expliquen lo evidente para que alcancen a entender lo obvio: la lucha de clases en su estado más enfebrecido, allí donde se incorpora al sicario y al crimen.

Busquen, insistan, pregunten a TV3 cuándo podrán ver El Affaire Coca-Cola.Es tal la fuerza de las imágenes que ni siquiera la chispa de la vida se les resiste. No hay nada inocente, y lo menos cándido de todo es la inocencia embotellada. Todo lo que va en botella, desde el alcohol hasta los mensajes de los náufragos, oculta una historia ácida, y para endulzarla siempre está por el medio alguien que sufre. Por eso el sudor es agrio y la saliva dulce; esa definitiva diferencia entre el trabajo y la palabra. La publicidad busca eso; si diluimos el esfuerzo en palabras, parece que lo endulzamos.

Gregorio Morán
La Vanguardia
01/05/2010